Al celebrarse el Día Mundial de los Defensores de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) manifestó que durante 2009 en Chiapas la labor de esos activistas ha sido criminalizada y puesta en riesgo por las autoridades, al grado de considerar a quienes la realizan parte de la delincuencia organizada o de una supuesta red de subversión.

Al hacer un recuento del hostigamiento y las agresiones a defensores en el último semestre, el organismo destacó como el caso más reciente y grave el asesinato de Mariano Abarca Roblero el 28 de noviembre en Chicomuselo.

A pesar de que existía una denuncia por amenazas de muerte, la procuraduiría estatal no implementó medidas suficientes para salvaguardar su vida. Su activismo contra la explotación minera costó la vida a Abarca, y ahora las organizaciones civiles y sociales que están en contra de la minería se encuentran en riesgo.

Desde junio, el CDHFBC denunció persecución y hostigamiento contra sus integrantes, y señaló a agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El 22 de junio se pronunció contra la manipulación de información del gobierno estatal en su afán de mediatizar los conflictos sociales, contribuyendo a polarizar el clima de tensión en distintas zonas.

La prensa estatal ha sido muy pertinaz en culpar al CDHFBC, que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García, al atribuirle falsamente responsabilidad en hechos violentos en Ocosingo y otros lugares.

Además, a través de columnas y notas, un diario de Tuxtla Gutiérrez ha publicado durante meses información tergiversada que pone en riesgo la integridad de los integrantes de este centro; sin fundamento ni fuente sustentada ha estigmatizado la labor de defensa integral que se realiza en distintas comunidades.

En septiembre, miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos en Jotolá, bajo cobertura del gobierno del estado, emboscaron a Ricardo Lagunes Gasca, integrante del Frayba, hiriendo de bala a un ejidatario de San Sebastián Bachajón mientras acudía a su rescate.

Otros organismos de la otra campaña, así como K’inal Antsetik, Ocez-Carranza, Enlace, Comunicación y Capacitación, también han sufrido agresiones, allanamientos y cárcel.

Bajo el pretexto de un supuesto estallido social para 2010, el Ejército realiza cateos ilegales en distintas comunidades con el apoyo de policías, agentes y ministerios públicos estatales y federales, poniendo en riesgo la integridad personal no sólo de líderes y defensores sino de la población en general, afirmó.

A pesar de las denuncias públicas y jurídicas, el gobierno del estado no ha considerado las medidas mínimas para que la defensa de los derechos humanos se pueda practicar sin poner en riesgo a quienes la realizan.