Por cuarta ocasión, en menos de una semana, la Secretaría de Gobernación (SG) difirió el fallo respecto de la empresa que operará la base de datos para la expedición de la cédula de identidad ciudadana.

Los concursantes fueron citados para el próximo lunes a las 18 horas; algunos manifestaron que entre más se dilate la decisión de Gobernación, mayor dificultad habrá para cumplir con los plazos de entrega y hacer frente a las rigurosas medidas de seguridad exigidas.

Aunque el nuevo aplazamiento está todavía en el lapso permitido por la ley, ocurre cuando los funcionarios de Gobernación aceptaron revisar el tema con legisladores y con el Instituto Federal Electoral (IFE).

Los consejeros del IFE han propuesto que este organismo expida la cédula de identidad para mayores de edad y que el Registro Nacional de Población haga lo propio con el resto de la población (menores y extranjeros residentes en México) susceptibles de ser registrados.

El retraso de Gobernación se da también cuando voces dentro del Poder Legislativo y del IFE consideran que antes de aprobar cualquier estructura operativa para expedir la cédula, se debe reformar la normatividad incluida en esta materia, específicamente la Ley General de Población.

Apenas ayer, horas antes de que se anunciara el nuevo aplazamiento, la Secretaría de Gobernación se comprometió a garantizar la protección de los datos personales de todos los mexicanos y residentes en el territorio nacional que contendrá el Registro Nacional de Población (Renapo), para la emisión de la cédula de identidad, mediante un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

El convenio, firmado por la comisionada presidenta del instituto, Jacqueline Peschard Mariscal y el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Alejandro Poiré Romero, prevé la integración de una comisión técnica mixta que se encargará de determinar y apoyar las acciones para dar cumplimiento al acuerdo.

Menos de una decena de consorcios presentaron sus propuestas técnicas, dentro de los parámetros establecidos por la convocatoria, para la operación de la base de datos que contendrá información de entre 100 y 110 millones de personas.

Las ofertas son dispares en el rango de los 700 y más de 2 mil 500 millones de pesos y las empresas tuvieron que apoyarse, a su vez, de otras que fungen como sus provedores, debido a la magnitud del contrato.