Consejeros electorales consideraron que la alternativa más viable para dirimir la polémica generada por la pretensión del gobierno federal de impulsar la cédula de identidad, es que el Congreso de la Unión promueva reformas a la legislación electoral y en materia poblacional.

En su consideración, el tema es de tal importancia que la opción para superarlo no debería realizarse por la vía de un acuerdo administrativo entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral (IFE).

El consejero Marco Antonio Baños destacó que la dependencia federal haya modificado paulatinamente su postura y, acorde con el reciente pronunciamiento del titular, Fernando Gómez Mont, se perciba que la ruta más viable para consolidar el documento sea la credencial de elector que emite el IFE.

Pese a que consideró sensata la postura de Gómez Mont, la cual abre la puerta para que se pudiera firmar un convenio entre ambas partes y saldar la polémica, Baños reconoció que una solución de fondo al problema debe tener un soporte jurídico más de fondo, mucho más importante que la vía administrativa de un convenio.

Aseguró que lo fundamental es garantizar la identidad de los mexicanos pero sin descuidar la elección de 2012, minando el padrón electoral con la introducción de otro instrumento de identidad. Es un asunto donde no nada más el IFE está comprometido, es un asunto de Estado, por lo que el gobierno federal está obligado a revisarlo con madurez.

Por su parte, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar coincidió en que el debate sobre el documento debe ir más allá de la buena voluntad de Gobernación y el IFE. En este sentido, enfatizó en la necesaria participación del Congreso en las discusiones para darle mayores atribuciones a la credencial de elector de las que actualmente le reconoce el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo pronto, no ha habido mayores avances en las conversaciones entre ambas partes para alcanzar un convenio en la materia, a la espera de una reforma legal.