En el penúltimo día de sesiones, el Senado desahogó una agenda de 57 puntos, aprobó 35 dictámenes –sin debate–, entre ellos una modificación a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir expresamente que en el hogar, en las escuelas y en centros penitenciarios se les castigue o se haga uso de violencia para corregir a los menores.

Para fundamentar la reforma a la ley referida, los senadores tomaron en cuenta información proporcionada por la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado, del Instituto Nacional de Pediatría y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en la que se resalta que es común atender casos de menores que han sido amarrados a una silla con cinta canela por inquietos, quemados con encendedor en la boca por groseros o con hornillas por tomar dinero sin permiso, y azotarlos contra la mesa por no hacer bien las sumas, actos realizados por sus progenitores como medidas de disciplina.

Los senadores que promovieron las reformas a esta ley mencionan que los defensores de derechos de la infancia señalan con preocupación que los golpes y otras vejaciones como formas de castigo o de disciplina son aún prácticas comunes en los hogares mexicanos, no sólo tolerados socialmente, sino también amparados en las leyes que no prohíben el maltrato y que además indican como obligación de los niños guardar respeto a sus padres.

También se aprobaron reformas que dan mayores atribuciones a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) para combatir prácticas monopólicas y extienden su ámbito de competencia a los servicios de telecomunicaciones, transportes, turismo, electricidad y agua potable, y para presentar denuncias ante la Comisión Federal de Competencia en representación de los consumidores.

Se propone también que se puedan realizar quejas grupales ante la Profeco, se perfecciona el mecanismo de imposición y cobro de multas, y se especifica que los recursos provenientes de éstas se dediquen a fortalecer los programas de esa institución.

Igualmente, se aprobaron reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, en particular a las patentes, para procurar un mayor equilibrio entre la promoción a la creatividad y a la innovación que permite a sus titulares el derecho de explotación exclusiva de su invento y el interés público, así como el beneficio social.

El presidente de la Comisión de Salud, el panista Ernesto Saro Boardman, detalló en tribuna que esta modificación da certeza jurídica y respalda el mecanismo de patentes que existe en México, donde gracias a este sistema hay innovaciones terapéuticas y nuevos descubrimientos que se comercializan en el país, a los que se les da un periodo de exclusividad de 20 años, pero tenemos que estar pendientes que sean exactamente 20 años, ni un día más, para que mediante la competencia de los productos genéricos que hayan mostrado previamente su eficiencia terapéutica, haya competencia y bajen los precios.