a escalada de asesinatos, enfrentamientos, secuestros y extorsiones que se ha registrado en los meses recientes en Ciudad Juárez, Chihuahua, exhibe el estado de descomposición y barbarie que impera en una urbe convulsionada, desde hace décadas, por el flagelo de la criminalidad, y que hoy se encuentra, sin embargo, en una espiral de violencia que hasta hace pocos años habría resultado inimaginable.

Al asesinato de 16 jóvenes en una fiesta juvenil en el fraccionamiento Villas de Salvárcar –ocurrido el pasado 31 de enero– se suman otros hechos, como el homicidio de una mujer en un partido infantil de beisbol, el pasado martes, o la masacre registrada el viernes en un velorio –donde un comando ultimó a ocho personas–, que ponen de manifiesto que el derramamiento de sangre en esa urbe fronteriza ha rebasado por mucho el ámbito de los enfrentamientos entre grupos delictivos y ha lacerado ya a los entornos más fundamentales de esa sociedad.

Hasta ahora la inmensa mayoría de los homicidios ocurridos en esa convulsionada urbe fronteriza –más de 2 mil 500 en lo que va del sexenio; cerca de medio millar en 2010– no han sido esclarecidos por las autoridades: éstas, en cambio, han pretendido presentar a la mayoría de los muertos como individuos vinculados al crimen organizado, incluso cuando tales señalamientos carecen de fundamento alguno –como ocurrió con las acusaciones formuladas en una primera reacción por el titular del Ejecutivo federal, quien dijo que las víctimas de Villas de Salvárcar eran pandilleros–, y han sembrado con ello la percepción de que buscan eludir su responsabilidad de llevar a cabo investigaciones serias y cabales de los hechos.

Hoy día, el panorama devastador de violencia en Juárez, la destrucción del tejido social como consecuencia de décadas de abandono por parte de las autoridades estatales, municipales y federales, y el deterioro en la calidad de vida de los habitantes de esa martirizada urbe fronteriza se ven agravados por la falta de capacidad o de voluntad de las autoridades de los distintos niveles de gobierno para entender las dimensiones de la problemática que se vive en esa localidad, y para aceptar la cuota de responsabilidad que ellas mismas tienen en la gestación del ciclo actual de violencia y abusos: en éste no sólo interviene el crimen organizado –como afirma recurrentemente el discurso oficial–, sino también las fuerzas del orden, con el agravante de que las segundas tienen la obligación de proteger a la ciudadanía y salvaguardar el estado de derecho. Son relevantes, al respecto, los testimonios de familiares de personas que han sido levantadas, lo mismo por grupos delictivos que por elementos de las fuerzas regulares.

En la circunstancia actual, una responsabilidad principal e ineludible de los distintos niveles de gobierno es la contención –mediante acciones eficaces, sensibles a las causas originarias de la criminalidad y respetuosas del marco de la ley– del derramamiento de sangre y la espiral de violencia generalizada que sacude a ese conflictivo punto del territorio nacional. Las autoridades federales y estatales han señalado que el combate al crimen organizado en Juárez es una prioridad a escala nacional, e incluso han anunciado en semanas recientes la aplicación de una nueva estrategia de seguridad en esa urbe fronteriza. Pero ninguna decisión política podrá distender el sentir generalizado de zozobra, temor y vacío de poder que recorre esa ciudad en la medida en que no vaya acompañada de resultados, y si éstos no llegan en el corto plazo las autoridades federales, estatales y municipales terminarán por asestar un golpe demoledor a su propia imagen y credibilidad.