Representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron el incremento de abusos cometidos por soldados en el combate al crimen organizado. Sostuvieron que mientras las violaciones a esas garantías perpetradas por militares sigan siendo juzgadas por tribunales castrenses, persistirá la impunidad, en perjuicio de las víctimas.

En el foro de análisis Militarización, seguridad y derechos humanos, organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, en el Centro Universitario Cultural, agregaron que el Estado mexicano debe acatar la sentencia emitida el pasado diciembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que los miembros del Ejército que cometan violaciones a esos derechos sean juzgados con base en el Código Penal Federal.

El diputado federal del Partido del Trabajo Enrique Ibarra Pedroza, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional de San Lázaro, anunció que el jueves primero de abril presentará una iniciativa de ley para reformar ese artículo, con el fin de que los militares sean juzgados por tribunales civiles.

Admitió que la actual composición política de la 61 Legislatura no favorece esa iniciativa.

Sin embargo, advirtió, la sentencia emitida por la CIDH no es una recomendación, es vinculante, y, por tanto, el Estado mexicano está obligado a llevar a cabo esa reforma.

Miguel Concha Malo, director del centro mencionado, expresó: como organizaciones civiles nos sumamos a la presentación de esa iniciativa. Es nuestra obligación exigir que los militares no se puedan seguir juzgando a sí mismos porque, al ser juez y parte, se garantiza la impunidad.

El director ejecutivo de la sección mexicana de Amnistía Internacional, Alberto Herrera Aragón, recordó que las quejas contra militares que ha recibido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han aumentado 600 por ciento en dos años, y agregó que los tres poderes del Estado tienen responsabilidad en adecuar la legislación en la materia y en el combate a la delincuencia organizada.

Añadió que el acceso a la justicia en México no tiene que pasar por la aceptación de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que es un proceso legislativo, que debe de responder a obligaciones internacionales, a lo cual se debe someter esa dependencia.

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sostuvo que para revertir la impunidad se requiere la sujeción del Ejército a las instituciones democráticas, la limitación del fuero militar y la creación de una nueva política de seguridad que abandone diagnósticos y soluciones simplistas.