La Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que los subejercicios del gasto público se han convertido en una práctica que tiene una repercusión económica brutal y desvirtúa el gasto para programas básicos en el país.

Durante la segunda reunión para revisar el informe de la Cuenta Pública 2008, los auditores revelaron –a preguntas de los diputados de la Comisión de Vigilancia– que las organizaciones beneficiarias de Procampo prácticamente son las mismas desde hace seis años, no sólo porque cumplen las reglas de operación, sino porque son utilizadas con fines electorales.

La presidenta de la comisión, la perredista Esthela Damián Peralta, preguntó si la auditoría detectó que entre los beneficiarios de ese programa están familiares del titular de la Secretaría de Agricultura, Francisco Mayorga, e incluso de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

El auditor especial de cumplimiento financiero de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedera, reconoció que si bien el Procampo ha sido fiscalizado durante varios años, para la Cuenta Pública de 2008 no hicimos ninguna revisión directa, aceptó.

No obstante, dijo que en una auditoría sería complicado identificar los personajes a los que se refirió la legisladora perredista. El padrón de beneficiarios es de 2.9 millones. Es un gran padrón y el proceso de fiscalización es muy difícil para determinar los casos que usted señaló sólo por el nombre y el apellido, afirmó.

En tanto, el diputado priísta Sebastián Lerdo de Tejada, quien abordó el punto de los subejercicios, preguntó si existe una franja de discrecionalidad en la asignación de recursos a las organizaciones campesinas o bien las reglas de operación son poco claras para evitar que los recursos se entreguen con transparencia.

El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, durante su comparecencia ante comisiones de San LázaroFoto Francisco Olvera

Es un poco de todo, respondieron los auditores. No sólo es la discrecionalidad, sino que los organismos que reciben los apoyos prácticamente son los mismos desde hace seis años.

Al respecto, José Narro sostuvo que los grupos identificados o cercanos al PAN reciben los recursos tope de 5 millones de pesos, y la ASF no hace nada; hacen muy buenas auditorías, con elementos muy contundentes, pero sus acciones son totalmente inconexas con la magnitud de los problemas detectados.

Asimismo, Damián Peralta preguntó sobre las irregularidades que en materia de seguridad se detectaron en todos los aeropuertos del país, así como en la falta de documentación de los operadores y controladores de vuelos, pilotos y tripulación.

José Luis Nava Díaz, director general de inversiones físicas de la ASF, respondió que en términos estadísticos es más seguro subirse a un avión que en el autotransporte por carretera. Pero no quisiéramos morirnos en uno ni otro. Inclusivo, reconoció que el gobierno federal no tiene capacidad para supervisar el buen estado de todas las unidades de transporte aéreo, terrestre y marítimo.

Damián Peralta reviró: por perder de vista las deficiencias en el personal encargado de la aviación civil es que tenemos accidentes lamentables y perdemos hasta secretarios de Gobernación.