Una comisión de padres de familia y familiares de los pobladores de Atenco presos en el penal de máxima seguridad de La Palma y en el de Molino de Flores se entrevistó ayer con el ministro José Ramón Cossío para demandarle que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agilice la resolución del amparo que interpusieron en contra de las sentencias que les impuso la justicia del estado de México, que van de 31 y hasta 130 años de prisión.

Después de realizar un mitin frente al edificio sede de la Corte durante casi cuatro horas y de exigir al personal de vigilancia del máximo tribunal que permitiera el paso a una comisión para entrevistarse con el juez Cossío, cinco madres de familia se reunieron con el juzgador.

Entrevistada momentos antes de que la comisión fuera recibida, Nelly Urrutia, madre de Héctor Galindo, señaló: Venimos a presionar y cada miércoles estaremos aquí hasta que dejen libres a nuestros familiares y denunció que el personal de vigilancia no permitió el paso a sus abogados.

Urrutia instó a los magistrados a que ordenen cuanto antes la libertad de los presos, ya que debido al encierro de hijos, padres y esposos estamos sufriendo pobreza, enfermedad, estrechez en todos los sentidos. No podemos aguantar otro año. Ya comimos mucho tiempo huevos y frijoles, y ahora siguen tortillas con sal, porque ya estamos empobrecidos, agregó.

Las quejosas pidieron a Cossío que apure a la comisión de secretarios de estudio y cuenta que revisa los amparos de los 12 atenquenses presos, porque estamos a unas semanas de que cumplan cuatro años de estar injustamente presos, dijeron.

La Corte deberá resolver si concede la libertad a Ignacio del Valle, Héctor Galindo Ochoa y Felipe Álvarez Hernández –recluidos en el penal del Altiplano–, así como a Juan Carlos Estrada Cruces, Óscar Hernández Pacheco, Julio César Espinosa Ramos, Eduardo Morales Reyes, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Alejandro Pilón Zacate, Jorge A. Ordóñez Romero y Román A. Ordóñez –presos en Molino de Flores.