Tras denunciar la resistencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para difundir el contenido del Informe del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, el cual hace recomendaciones al gobierno de México en materia de derechos humanos, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la cancillería que entregue una copia del documento, elaborado en 2008, tras la visita de integrantes del organismo internacional.

Por tanto, el IFAI revocó de manera unánime la reserva que por 12 años impuso la SRE al informe. Además, emitió un exhorto a la cancillería por las artimañas de que se valió para demorar hasta por seis meses la respuesta negativa a la solicitud.

Sobre la conducta de la SRE, el comisionado ponente del recurso 5290/09, Ángel Trinidad, observó: (la cancillería) no es sino un sujeto desobligado, porque insiste en negar no sólo aquello que le ordena la normatividad, sino lo que va contra los principios básicos de cualquier democracia; en este caso, ni más ni menos lo que tiene que ver con el tratamiento de los derechos humanos.

Los comisionados acordaron ayer buscar a la titular de la SRE, Patricia Espinosa, para saber por qué motivos se repite la postura de la cancillería de negar información, pese a lo que ordena la Ley Federal de Transparencia.

En el análisis, Trinidad demostró que no procedía la insostenible argumentación para la reserva, al precisar que el Protocolo de la Convención Contra la Tortura dice con claridad que el subcomité de la ONU no puede dar a conocer las recomendaciones, pero sí el gobierno, que las recibe. María Marván observó que no es la primera vez (que la SRE) interpreta esas cláusulas totalmente a la inversa.

Trinidad tronó cuando la SRE alegó que publicar el informe no beneficiaría la protección de los derechos humanos. No puedo entender cómo entregar esta información entorpecería el desarrollo de la controversia, sobre todo en un tema tan delicado, dijo. Mientras en el ámbito internacional se distingue por defenderlos, en casa cerramos las puertas y los oídos ante ese tipo de informes.   

Jacqueline Peschard advirtió que el gobierno federal no puede ejercer ilimitadamente la discrecionalidad que otorga el protocolo, menos cuando no hay argumentos. Aún más, dijo Trinidad, la ley de transparencia no avala clasificación alguna cuando se violan garantías individuales.

Sigrid Arzt recordó que en una visita al país de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en 2008, el gobierno federal suscribió un acuerdo para fortalecer la defensa y promoción de éstos.

También, el pleno del IFAI ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que entregue copia en versión pública del avalúo de los terrenos por los que el gobierno de Guanajuato gastó más de mil 600 millones de pesos, a fin de poder competir en la construcción de la refinería de Pemex.

La SFP alegó que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que depende de ella, aún no concluía el proceso deliberativo, pese a que desde el 12 de agosto se asignó la construcción de la refinería a Hidalgo, y la solicitud de los documentos se hizo en octubre pasado.