La Comisión Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de reforma a la ley de organizaciones del sector, con el propósito de que las confederaciones estatales tengan libertad de asociación.

Se trata no sólo de acotar el poder político que concentra la confederación nacional, sino el económico que ejerce con el monopolio de la colocación de aretes para control de sanidad a 30 millones de cabezas de ganado, que cobra a 37 pesos por animal cuando su costo real es de la mitad, explicó el presidente de la comisión, Julián Nazar Morales (PRI).

En entrevista, refirió que la ley vigente –de 1999– obliga a todas las agrupaciones a formar parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que se ha constituido, aseguró, en monopolio que impide la libre asociación.

La propuesta considera integrar las confederaciones nacionales, conformadas por uniones regionales, que a su vez se formen por uniones estatales generales, las cuales agrupen al menos 30 por ciento de asociaciones locales y regionales de un estado.

También incluye una adición al artículo quinto, fracción decimoquinta, para que las organizaciones ganaderas tengan como atribución impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades pecuarias, así como fortalecer el ingreso de los productores, la generación de empleos y la competividad del sector.

La modificación plantea crear un padrón nacional agropecuario, que tenga como responsabilidad el registro de la constitución, organización y funcionamiento de las agrupaciones ganaderas.

Además, explicó Nazar Morales, actualmente la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas tiene la exclusividad de colocar los aretes –obligatorios por el programa de trazabilidad, que permite el registro de cabezas de ganado desde su nacimiento hasta el sacrificio– y el barrido de los criaderos.

Con esto, explicó, se garantizan el padrón ganadero y los programas de sanidad animal. En la práctica se trata de un arete que al productor le cuesta 25 pesos por animal, más 12 por colocación, que está a cargo de un médico veterinario de la confederación.

El monopolio de la confederación evita que las asociaciones tengan veterinario propio y la colocación sea de manera gratuita. El costo de los aretes no es real. Además, son importados de Francia, pese a que en México se pueden producir con la misma calidad y garantía de menor precio, afirmó.

En el caso del barrido, indicó, se trata de la limpieza a que todos los productores están obligados para evitar la brucelosis o la tuberculosis. Se realiza cada seis meses para asegurar que el hato esté libre de ambas enfermedades, pero se cobra entre 35 y 70 pesos por cabeza, y también depende exclusivamente de la confederación nacional.

Con la reforma también se permitiría a las confederaciones y a las uniones obligar a que la Secretaría de Agricultura autorice los prestadores de servicios profesionales para la aplicación de los aretes en forma gratuita, así como de empresas que realicen el barrido a costos más accesibles para el productor, resaltó.