Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, luego de que los magistrados del decimosegundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito dieron la razón a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para negar el pago de más de dos años de salarios retenidos a 65 empleados, no obstante que los quejosos habían ganado cuatro laudos en ese tribunal.

Cientos de campesinos integrantes de la Unión General Obrera, Campesina y Popular acudieron a la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República para demandar que ésta atraiga la investigación del asesinato de su dirigente Margarito Montes Parra y de un grupo de personas más en el municipio de Cajeme, Sonora. Ante representantes de ambas dependencias presentaron quejas por omisión o complicidad con la que, dijeron, ha actuado la procuraduría justicia sonorense en la investigación de los hechos, que a seis meses de cometidos no han sido aclarados. Afirmaron que autoridades de Gobernación se comprometieron a recibirlos, junto con la procuraduría, antes de que concluya esta semana.