El Congreso de la Unión condenó ayer enérgicamente la promulgación de la ley SB 1070 en Arizona, Estados Unidos, que criminaliza la migración y permite la detención de cualquier persona sospechosa de residencia ilegal.

En un pronunciamiento aprobado ayer simultáneamente por el Senado y la Cámara de Diputados, se exige al gobierno de Felipe Calderón hacer uso de todos los espacios de diálogo diplomático, así como de los instrumentos y mecanismos bilaterales y multilaterales necesarios para defender los derechos y la integridad de los mexicanos que puedan resultar afectados.

En el Senado, además, se decidió no ratificar el acuerdo suscrito por los gobiernos de México y Estados Unidos sobre Cooperación en la Administración de Emergencias en Casos de Desastres Naturales, firmado en octubre de 2008 en Puerto Vallarta, Jalisco.

El dictamen iba a ser votado cuando el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, el panista Luis Alberto Villarreal, pidió en nombre propio y del priísta Jesús Murillo Karam retirar de la sesión ese dictamen, ya que, no estamos en el ánimo de suscribir un acuerdo de cooperación con un país que nos ha agraviado a partir de la aprobación y firma de la Ley SB 1070, de Arizona.

Se trata de un acuerdo que responde a la preocupación de ambas naciones por la amenaza potencial de las emergencias en caso de desastres naturales y accidentes, y a la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral para lograr de manera efectiva prepararse, protegerse y responder ante los mismos.

En el pronunciamiento conjunto, el Congreso resalta que si bien se respeta la soberanía de Estados Unidos para emitir sus propias leyes, la promulgada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, constituye un franco retroceso en la lucha por la igualdad, la libertad, los derechos civiles y humanos codificados en los instrumentos del derecho internacional.

Se resalta que la agenda común de México y Estadios Unidos debe fundamentarse en un proceso permanente de diálogo, que reconozca las asimetrías entre ambas naciones y atienda la migración desde una perspectiva amplia y comprensiva, que considere adecuadamente la diversa y compleja realidad económica, social y cultural que las origina, fundamentalmente las aportaciones de los migrantes mexicanos.

En ese sentido, el Congreso cuestionó la aprobación de medidas unilaterales que violentan las garantías individuales, no contribuyen al fortalecimiento de la relación entre ambas naciones ni atienden adecuadamente el fenómeno migratorio.

Asimismo, el pleno de ambas cámaras expresó un reconocimiento al compromiso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, contra la aplicación de la ley, y de avanzar en una reforma migratoria integral, basada en los principios de responsabilidad y rendición de cuentas, que no ponga en peligro las nociones básicas de justicia que aprecia el pueblo estadunidense.