Amnistía Internacional (AI) consideró la ley antimigrante de Arizona como una amenaza para los derechos humanos, por lo que demandó su derogación. Mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que esa normativa puede abrir las puertas para que se cometan agresiones por motivos de odio contra mexicanos y latinoamericanos.

En sendos comunicados, ambos organismos expresaron su preocupación por los alcances de la norma. En tanto, representantes del sector privado mexicano calificaron de retrógrada y preocupante dicha ley que criminaliza a los indocumentados.

AI manifestó su preocupación por la posibilidad de que se presenten violaciones a garantías fundamentales como rechazo racial, arrestos y detenciones arbitrarias sólo por apariencia, origen o nacionalidad, lo que resulta discriminatorio, pues la ley faculta a la policía de Arizona a detener e interrogar a cualquier persona que esté en la entidad sobre el estatus de su estancia y entregarla a autoridades migratorias para un posible procesamiento, prisión o deportación, en caso de que no presente inmediatamente los documentos que constaten su estancia legal en Estados Unidos.

Demandó la derogación de la norma y que las autoridades estadunidenses elaboren una legislación migratoria nacional que incluya garantías para la protección de los derechos humanos.

La CNDH informó que se mantiene en comunicación con organizaciones afines en Estados Unidos para trabajar en defensa de los migrantes una vez que la norma se aplique (en agosto), así como para plantear que la lucha contra esa ley discriminatoria y xenófoba debe darse por la vía pacífica y conforme a la premisa de que los derechos humanos no tienen fronteras.

Se pronunció por una reforma migratoria que garantice el respeto a derechos fundamentales y consideró que deben abrirse opciones legales para la inmigración entre México y Estados Unidos, porque hay que entender que el fenómeno no sólo es social sino económico.

Tras un acto en el que Felipe Calderón tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Mario Sánchez, quien asumirá la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en mayo, dijo que la medida es totalmente inaceptable. Llamó a la ciudadanía, principalmente de Sonora –que habitualmente adquiere productos en Arizona– a ejercer presión económica y consuma en otros sitios.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gerardo Gutiérrez, aseveró que se trata de una ley que a todas luces viola los derechos humanos y representa un retroceso en la materia para Estados Unidos.

Emilio Chávez, director de Sin Fronteras –organización civil de apoyo directo al migrante–, señaló que el gobierno mexicano debe ser mucho más firme y consistente frente a la ley SB 1070 que es claramente violatoria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Expuso que para que los reclamos tengan efectividad, México debe hacer una alianza estratégica con los países de América Latina a fin de exhortar por escrito al gobierno de Barack Obama a tomar cartas en el asunto, no sólo para que no entre en vigor la regulación, sino también para que no se genere un efecto dominó en Estados Unidos.

José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuestionó que se haya aprobado una ley discriminatoria precisamente en Estados Unidos, donde políticos y académicos ayudaron a desarrollar el concepto de derechos humanos. El titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, también manifestó su desacuerdo con la medida.