in fundamento alguno, y en correspondencia con la profundización de las acciones de resistencia que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) lleva a cabo en el Zócalo capitalino, el gobierno federal ha intentado responsabilizar a integrantes de ese gremio por las fallas constantes en el suministro eléctrico de la zona centro del país y por las explosiones ocurridas en días recientes en calles del Centro Histórico de la capital.

Las acusaciones del gobierno federal chocan, por un lado, con los reportes de las autoridades de seguridad pública local –encargadas de la vigilancia de las zonas afectadas–, que aseguran no haber visto acción alguna de sabotaje, así como con consideraciones técnicas que subrayan la imposibilidad de dañar intencionalmente los cables de alta tensión del suministro eléctrico sin sufrir las consecuencias de una descarga. Más aún, los empeños por responsabilizar a los trabajadores del SME de las constantes fallas en el suministro de electricidad quedan desacreditados ante el comportamiento de un gremio que se ha movilizado en forma pacífica, aun cuando sus integrantes han sido colocados en la perspectiva de la desesperación y el desempleo masivo.

Es mucho más claro, en cambio, el vínculo causal entre la multiplicación de las fallas del suministro eléctrico en la zona centro del país y la toma del control de ese servicio por la Comisión Federal de Electricidad (CFE): más que por acciones de sabotaje, las extendidas y constantes interrupciones en el flujo de energía se pueden explicar por la imposibilidad del gobierno federal para suplir a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en la totalidad de sus funciones y por la impericia de los técnicos de la CFE para operar una red que se hizo obsoleta como resultado de años de abandono gubernamental. Son significativas, al respecto, las advertencias que ha venido lanzando la dirigencia del SME desde antes del decreto de extinción de LFC, de que diversas zonas críticas en la capital del país requieren de mantenimiento con urgencia, señalamientos que, sin embargo, han sido desatendidos por las autoridades federales.

En suma, y salvo prueba en contrario, en los siete meses transcurridos desde el asalto a las instalaciones de LFC ha sido el gobierno federal, no el SME, el que ha incurrido en algo muy parecido al sabotaje: no otra cosa es el designio de concesionar la operación del servicio eléctrico a contratistas privados, a todas luces incapaces e insuficientes, y sustituir con un puñado de trabajadores subcontratados por la CFE a decenas de miles de electricistas experimentados del SME. En tal circunstancia, los empeños por culpar de las fallas a integrantes de ese sindicato se presentan ante la opinión pública como un componente adicional de la cruzada antisindical emprendida por el calderonismo y como otro intento por criminalizar la lucha emprendida por los electricistas tras la extinción de LFC, el pasado 11 de octubre.

Ante la cerrazón y la indolencia exhibidas por el gobierno calderonista, y frente a las persistentes afectaciones que ha sufrido en meses recientes el corazón político y económico del país, es necesario que las autoridades locales empleen las herramientas y los recursos jurídicos a su alcance para revertir esta situación. En concreto, cabe insistir en la pertinencia de que el Gobierno del Distrito Federal estudie la propuesta de crear una entidad pública encargada de generar y distribuir energía eléctrica para la capital del país, a efecto de garantizar su viabilidad económica y social.