Integrantes del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y padres de personas desaparecidas en el estado de Coahuila, que desde el jueves pasado están en el Distrito Federal denunciando su situación, se reunieron ayer con funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y realizaron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe.

Un juez federal concedió al fiscal de la Federación una orden de arraigo contra ocho presuntos integrantes de la organización delictiva La Familia Michoacana, debido a su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La Procuraduría General de la República informó en un comunicado que los indiciados fueron arrestados el pasado 10 de mayo por elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Federal, cuando viajaban sobre la carretera federal La Huacana, en el municipio de Arteaga, Michoacán. Detalló que el grupo se trasladaba a bordo de cuatro vehículos y al momento de su detención les encontraron siete armas, cartuchos de diversos calibres, aproximadamente cuatro kilos de semilla de mariguana y cuatro kilos del enervante.

Ciudad Juárez, Chih., 14 de mayo. En una encuesta realizada entre estudiantes de cuatro universidades de Ciudad Juárez, 82 por ciento de los 2 mil 100 participantes se manifestó en favor de revocar el mandato al presidente Felipe Calderón Hinojosa, y el resto apoya su permanencia, informó Santiago Delgado, de la organización Redes Universitarias de Juárez, que organizó este ejercicio.

Ensenada, BC, 14 de mayo. Lo sucedido en San Juan Copala, Oaxaca, donde una caravana de observadores de derechos humanos fue atacada, con saldo de dos personas muertas, se trata de pleitos arraigados, problemas de límites, usos y costumbres, incluso al margen de la ley, señaló la procuradora de la entidad sureña, María de la Luz Candelaria Chiñas.

Este sábado se cumplen tres años del asesinato del campesino ecologista Aldo Zamora, sin que a la fecha se haya dictado sentencia en contra de los presuntos responsables. Su caso es ejemplo de la impunidad que prevalece en el país y el riesgo en el que se encuentran los activistas, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.