Madrid, 14 de mayo. Baltasar Garzón, único juez español que ha intentado investigar los crímenes perpetrados durante la dictadura fascista de Francisco Franco (1939-1975) y quien pretendió ayudar a familiares de ejecutados y enterrados en fosas comunes, fue suspendido cautelarmente por el máximo órgano de la magistratura española, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La querella presentada por la extrema derecha –Falange Española y el sindicato ultra Manos Limpias– por un presunto delito de prevaricación fue el origen de la salida forzada del magistrado de su despacho en la Audiencia Nacional, lo que provocó reacciones antagónicas: los sectores franquistas y la derecha española lo celebraron como un triunfo de la justicia, mientras que las víctimas de la represión lloraron de rabia e indignación.

Por unanimidad y con una celeridad inédita en este tipo de procesos, el CGPJ no sólo suspendió al juez español más conocido y elogiado del mundo, a raíz de su intervención en la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, sino que también le cerró de tajo la única salida airosa que vislumbra hasta ahora: un cargo de asesor externo en la Corte Penal Internacional (CPI).

Garzón, de 55 años y procedente de una familia humilde de Jaén –su padre era dependiente en una gasolinera–, tomó cargo de su responsabilidad de magistrado de la Audiencia Nacional en 1988, con lo que tenía 22 años ejerciendo una labor que le llevó a enjuiciar a destacados políticos, empresarios, miembros de ETA, de Al Qaeda, narcotraficantes e, incluso, a protagonistas de las dictaduras militares que sembraron el terror en América del Sur en las décadas de los 70 y 80.

El juez logró la detención de Pinochet en Londres, en un histórico proceso en el que por primera vez se aplicaron los principios de justicia universal. También investigó –incluso antes de que se perpetraran los atentados del 11 de marzo de 2004– la presencia de Al Qaeda en España y abrió una nueva línea de investigación –cuestionada por unos y celebrada por otros– relacionada con el llamado entorno de ETA.

Garzón no volverá a vestir la toga de magistrado, al menos el tiempo que dure el proceso judicial abierto en su contra en el Tribunal Supremo por un juez abiertamente su enemigo que es, Luciano Varela, y del cual podría recibir una condena de entre 10 y 20 años de inhabilitación. Ello supondría el final de su carrera, al menos en España.

El CGPJ, en un acto que juristas calificaron de ensañamiento, no sólo dio luz verde a la suspensión cautelar, sino que también pospuso sine die su decisión sobre la petición de Garzón de ser trasladado por siete meses como asesor a la CPI, tras haber recibido el respaldo del gobierno del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El juez deja la que fue su oficina en la Audiencia Nacional durante 22 años.Foto Reuters

El origen de la suspensión cautelar de Garzón son dos investigaciones que realizó recientemente, mismas que despertaron las suspicacias y el malestar en algunos sectores de la clase política y de la judicatura, sobre todo de los grupos históricamente vinculados con el franquismo. Por un lado, el magistrado abrió una investigación de los crímenes del franquismo, sobre todo los relacionados con las desapariciones forzadas y con secuestros masivos de hijos de republicanos que fueron encarcelados, tras hechos estremecedores documentados en un libro. Pero también abrió la vía para que la justicia y las instituciones públicas respondieran a numerosas peticiones de familiares de víctimas de la represión, para que fueran localizados sus restos, hoy enterrados en las miles de fosas comunes que hay en el país.

Se calcula que más de 100 mil personas estarían bajo tierra y sin identificar desde la guerra civil. El otro caso polémico que investigó Garzón previo a las imputaciones fue el de la corrupción vinculada al derechista Partido Popular (PP), lo que desató una campaña sin precedente y furibunda en su contra.

Tiempos de plomo: Saramago

Garzón salió de la Audiencia Nacional con los ojos llorosos, emocionado; más aún, tras encontrarse con un grupo de familiares de las víctimas de la represión y con algunos, pocos, compañeros de la magistratura, que lloraban de rabia y de indignación. No podían reprimir la tristeza y la amargura por una decisión injusta y que vuelve a demostrar el cariz franquista de una parte mayoritaria de la justicia española.

Al grito de queremos justicia y vosotros, fascistas, sois los terroristas, el magistrado se subió a su coche y se alejó de la que fue su oficina por 22 años.

La indignación de Garzón fue compartida por miles de personas: figuraron desde quienes se manifestaron frente a la sede de la judicatura hasta destacadas personalidades como el Nobel José Saramago.

Así, desde su blog de Internet, el literato portugués reconoció que la expulsión del juez es una de las noticias más tristes que he recibido nunca. Por eso las lágrimas de Garzón son hoy mis lágrimas. El novelista añadió que hoy, ni oro ni plata; vivimos en tiempos de plomo. Que lo diga el magistrado, quien víctima del despecho de algunos de sus pares demasiado complacientes con el fascismo que perdura tras el nombre de la Falange Española y de sus acólitos, vive bajo la amenaza de una inhabilitación.

El ex fiscal jefe anticorrupción, el jurista Carlos Jiménez Villarejo, expresó: 35 años después de la muerte del dictador, la ultraderecha ha logrado una victoria, que ha sido posible por un Tribunal Supremo sensible a esa persecución y un CGPJ cómplice.