Ensenada, BC, 14 de mayo. Procuradores de justicia de todo el país coincidieron en señalar la imposibilidad financiera y material para dar cumplimiento en breve a la ley federal contra el narcomenudeo. Además, exigieron al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, que asuma su responsabilidad y no deje todos los casos en manos de las autoridades locales.

Los funcionarios solicitarán que las procuradurías de todo el país puedan utilizar la figura del arraigo para todos los delitos que consideren graves.

Durante la clausura del acto, Chávez Chávez hizo un llamado a sus homólogos para que el tema de la seguridad se convierta en asunto que esté por encima de cuestiones políticas o partidistas, y sostuvo que la seguridad y la justicia son las razones para que exista el Estado. La seguridad no se puede alcanzar sin justicia, y la justicia necesariamente se sustenta en el derecho.

Chávez Chávez enfatizó que el presidente Felipe Calderón decidió enfrentar la delincuencia organizada con toda la fuerza, porque el narcotráfico y las organizaciones criminales son un grave flagelo que lastima las bases de las estructuras sociales.

Invitó a los procuradores de todo el país a consolidar los esquemas de coordinación para seguir obteniendo buenos resultados en la lucha contra la delincuencia organizada, ya que de ahí nace la confianza entre ciudadanos e instituciones.

Sin embargo, al término de la reunión algunos procuradores subrayaron que durante las sesiones de trabajo, que se efectuaron a puerta cerrada, hubo desacuerdos en cuanto a la postura del gobierno federal de que las autoridades locales impulsen ya las estructuras operativas para el combate al narcomenudeo y lo relacionado con el nuevo sistema de justicia penal.

El descontento de los funcionarios se debió a que no ha habido mayores recursos económicos para la creación de nuevas instalaciones y programas de capacitación al respecto para los servidores públicos.

En ese contexto, el procurador de Campeche, Renato Sales Heredia, dijo que “la ley no es muy clara, debido a que los artículos transitorios manejan diversos tiempos para su aplicación. Inclusive, establecen hasta tres años para entablar una estrecha relación con la Secretaría de Salud para cuestiones de adictos, para tratarlos como enfermos y no como delincuentes. Y si hablamos de sicotrópicos y otras cosas, por ejemplo de delincuencia organizada, pues no todo debe quedar en manos de las autoridades locales.

“El narcomenudeo es un eslabón más en la cadena de la delincuencia organizada. No puede decirse que no, por eso no pedimos que sean tres años para completar el ciclo y que la PGR se haga cargo de algunos casos”, aseveró Sales Heredia.

A su vez, la procuradora de Chihuahua, Patricia González, dio a conocer que entre los acuerdos alcanzados entre sus homólogos destaca que en breve elaborarán un posicionamiento en torno a la creación de las policías únicas en los estados.

Asimismo, apuntó que solicitaron que en tanto concluye la integración del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, se ofrezca mayor colaboración con la Comisión Federal de Telecomunicaciones para eficientar los procesos de investigación y el combate de delitos, particularmente la extorsión telefónica y el secuestro.

Pidieron que se extienda al fuero común la facultad del ámbito federal de solicitar la cancelación de líneas involucradas en ilícitos.