La aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos terminaría con la situación de indefensión en que se encuentran las víctimas de violaciones a sus garantías fundamentales, pues aunque la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado prevé reparación del daño, su cumplimiento está sujeto a la voluntad política y sensibilidad de los funcionarios señalados como responsables por las comisiones nacional y estatales en la materia, advirtió el Centro Mexicano de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro calificó de retroceso la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que las víctimas de transgresiones a sus garantías están obligadas a demostrar los perjuicios sufridos para obtener la reparación del daño. Los ministros tenían que haber señalado la omisión legislativa que existe en el Distrito Federal en lugar de limitar las facultades de la comisión local.

Leopoldo Maldonado, abogado del Centro Pro, llamó la atención sobre lo disímbolas de las resoluciones de la Corte en esos temas. Por un lado, determina la liberación de las indígenas de Querétaro, Alberta y Teresa, y por otro le quita relevancia social a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la coloca ante el riesgo de que sus recomendaciones se queden en meras declaraciones.

Aunque el litigante reconoció que está en curso la actualización de las legislaciones locales con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, hubiera sido positivo que la Corte observara la necesidad de que las legislaciones de entidades federativas también incluyan como obligación para los gobiernos la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las comisiones nacional y estatal en la materia, así como la garantía de la reparación del daño para la víctima.

En entrevista por separado, Juan Carlos Gutiérrez, director del CMDPDH, planteó que la sentencia de los ministros abre una oportunidad para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modifique la ley local, a fin de que las víctimas no tengan que pasar por un procedimiento jurídico para comprobar los perjuicios sufridos por alguna acción de la autoridad.

Comentó que otra vía para zanjar el problema sería la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos humanos, actualmente en el Congreso, la cual reconoce la jerarquía normativa de los tratados internacionales suscritos por México y plantea la obligación de las autoridades a investigar y sancionar las violaciones de garantías fundamentales, así como a asegurar la reparación del daño.