En México aumentaron las denuncias por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza, perpetrados por miembros del Ejército en las tareas policiales y por las policías federales, estatales y municipales, sostiene Amnistía Internacional (AI), en su informe 2010: El estado de los derechos humanos en el mundo.

La organización documenta en ese informe, el cual se presentará este jueves a la opinión pública mundial, la situación en 2009 de los derechos humanos en 159 países, y subraya que en México continúa muy arraigada la impunidad en los casos de violaciones graves a las garantías individuales cometidas en el pasado, y las pesquisas de centenares de casos perpetrados durante las décadas de los 60, 70 y 80 siguen paralizadas.

AI mencionó que familiares y víctimas que intentaron denunciar a militares por violaciones en la materia fueron amenazadas y las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de estos.

Las agresiones contra mujeres en su comunidad y el hogar siguieron siendo un fenómeno generalizado en la mayoría de los estados, afirma Amnistía, y ejemplifica: continuaron los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, donde hubo 35 desaparecidas el año pasado, y en Chihuahua se denunciaron decenas de abusos sexuales y secuestro.

Refiere que en una aparente reacción contra la despenalización del aborto promulgada en 2007 en el Distrito Federal, los congresos de 17 de las otras 31 entidades modificaron sus constituciones con el fin de garantizar el derecho a la vida desde la concepción.

Por otra parte, AI precisa que bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes, mataron a algunos y violaron a mujeres. Asimismo, 12 periodistas fueron asesinados y activistas resultaron víctimas de acoso, homicidio y cargos penales falsos.

Reseña casos de comunidades indígenas marginadas en cuyas tierras se deseaba realizar proyectos de desarrollo económico y que corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o se les negó el derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada.

Asevera que las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por casos confirmados de violaciones graves a las garantías crecieron más de ciento por ciento el año anterior, al pasar de 14 en 2008 a 30.

La justicia militar, afirma AI, sigue investigando y juzgando casos de violaciones en la materia cometidas por el Ejército. Cita el caso de los cuatro civiles desarmados a los que efectivos castrenses mataron a tiros en Santiago de Caballeros, en el estado de Sinaloa, en marzo de 2008, y en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que sus familiares no tenían derecho a impugnar que el sistema de justicia militar se encargara de la causa.

En marzo de 2009, apunta, miembros del Ejército fueron responsables de la desaparición forzada de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en abril se encontraron sus cadáveres calcinados. A los familiares no se les permitió ver los cuerpos ni el informe de la autopsia.

La Sedena reconoció en mayo del año pasado que se había detenido a 12 militares, pero no se proporcionó información sobre los cargos ni sobre el juicio.

De igual manera, enfatiza que en marzo de 2009, tras detenerlos, el Ejército sometió a torturas a 25 agentes de la policía municipal de Tijuana, Baja California, mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos, es decir arraigados, en una base militar. Después de ser acusados formalmente, se les trasladó a un penal en Tepic, Nayarit. No se tienen noticias de que se haya investigado la tortura.

Señala que la ley de la Policía Federal promulgada en junio pasado establece un único cuerpo policiaco dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias y realizar investigaciones, incluidas labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, sin los adecuados controles judiciales.

Acusa que en febrero del año pasado, Gustavo Castañeda Puentes fue víctima de desaparición forzada a manos de policías en Monterrey, Nuevo León. Pese a que testigos del hecho identificaron a los presuntos responsables, la investigación no condujo a la detención de éstos”.

En marzo de 2009, la Policía Federal detuvo de manera ilegal a Jesús Arturo Torres en su domicilio, en la capital de Chihuahua. Fue golpeado y amenazado de muerte durante las tres horas que duró el interrogatorio. Lo pusieron en libertad sin cargos, presentó denuncia y al cierre del informe no se sabía si las investigaciones avanzaban.

AI resalta la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que declaró a México “responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, perpetrada por el Ejército en 1974 en el estado de Guerrero. La Corte ordenó una nueva indagatoria de carácter civil, reparaciones para los familiares y la reforma al Código de Justicia Militar que impida a la justicia militar realizar pesquisas y juicios relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Se terminó la hora de la retórica, se requieren acciones, por lo que pide cumplir con ese fallo que vence en diciembre y el cual sigue pendiente.