Madrid, 26 de mayo. La situación de los derechos humanos en América Latina sigue siendo una preocupación vital para Amnistía Internacional (AI), que en su informe de 2009 divulgado hoy aquí señaló que en cinco países se detectaron focos rojos ante las graves violaciones a las garantías. Estos son: México, Brasil, Colombia, Honduras, Jamaica. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la flagrante corrupción de las fuerzas del orden público se suman a la impunidad generalizada y a la apatía de los gobiernos para poner coto a los delitos, precisó.

Pese al panorama desolador que refleja el informe anual de AI en América Latina, sus relatores y representantes valoraron como un avance en la lucha contra la impunidad la condena al ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, por delitos como tortura, desapariciones forzadas y homicidio, convirtiéndose en el primer ex jefe de Estado latinoamericano condenado por violaciones a los derechos humanos.

Refirió el creciente deterioro del tejido social en una región con una de las tasas de desigualdad más altas del mundo. Entre las principales preocupaciones destacó la seguridad pública, que se mide por el número de asesinatos y que sigue encabezado por México, seguido por Guatemala, Honduras, El Salvador y Jamaica.

En este rubro, Amnistía señaló a un sector especialmente vulnerable: Los riesgos que corrían los migrantes irregulares y otros grupos se intensificaron a medida que la delincuencia organizada dejó de limitarse al narcotráfico para dedicarse también al secuestro y la trata de personas, incluidas mujeres, niñas y niños. Los gobiernos de la región hacían muy poco para recopilar datos y analizar estos nuevos problemas, y aún menos para impedir los abusos y enjuiciar a los responsables.

Los relatores de AI también registraron un incremento significativo en el número de armas en América Latina, un fenómeno que preocupa ante el aumento de la amenaza para los grupos más vulnerables, que son los pueblos indígenas, los dirigentes sociales y los defensores de derechos humanos.

Sobre Colombia, no sólo responsabilizó al presidente, el conservador Álvaro Uribe, de los numerosos casos de espionaje político, sino que también denunció las ejecuciones extrajudiciales y la permanente impunidad de estos delitos.

Asimismo, AI advirtió evidencias de la recomposición de agrupaciones armadas, ante el aumento de homicidios de personas pertenecientes a grupos sociales marginados en las zonas urbanas, en su mayoría a manos de paramilitares. Entre las víctimas figuraban jóvenes, personas sin techo, pequeños delincuentes, trabajadores del sexo, lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, y drogadictos. También documentó las violaciones perpetradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre ellas homicidios de civiles, reclutamiento de niños y toma de rehenes.

Sobre Brasil, consignó las flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes policiales corruptos, que habrían cometido con total impunidad un sinfín de ejecuciones extrajudiciales, torturas y el uso excesivo de la fuerza. Pero AI también destacó que al final del mandato del presidente Lula la opinión imperante era que el gasto social del gobierno había contribuido a reducir las desigualdades socioeconómicas.

En relación a Cuba, AI aludió a los 55 presos que caracteriza como de conciencia, las restricciones a la libertad de expresión y de asociación, así como las limitaciones a la libre circulación, además de la vigencia de la pena de muerte en la isla.

En cuanto a Venezuela y al gobierno del presidente Hugo Chávez, la organización indicó que las fuerzas de seguridad siguieron atacando, amenazando y acosando a activistas y a víctimas y familiares, además de expresar su preocupación por las amenazas a la libertad de expresión y la represión a la disidencia.

Finalmente, sobre Honduras el informe sostuvo que el golpe de Estado socavó no sólo la vigencia de los derechos humanos sino el estado de derecho, antes, durante y después de la asonada militar. El país centroamericano, actualmente gobernado por Porfirio Lobo, es uno de los focos rojos en cuanto a violaciones de garantías individuales, al señalar la creciente cifra de homicidios, el uso excesivo de la fuerza de la policía y el ejército, las amenazas y hostigamiento a los líderes sociales, las vulneraciones y ataques a la libertad de expresión –incluidos los asesinatos de informadores–, así como las amenazas contra los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.