Washington, 26 de mayo. El dinero que aporta Estados Unidos para los proyectos de la Iniciativa Mérida debe condicionarse a que haya en México progresos concretos y medibles en cuanto a derechos humanos, demandaron este miércoles organizaciones civiles mexicanas e internacionales en un memorando dirigido a la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Los organismos demandantes son Amnistía Internacional, sección Estados Unidos, Fundar, Fondo Latinoamericano para la Educación, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Monitor Civil de la Policía y los Cuerpos de Seguridad Pública de la Montaña de Guerrero, el Centro Tlachinollan para los Derechos Humanos y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).

Al aceptar el otorgamiento de asistencia en temas de seguridad mediante la Iniciativa Mérida, el Congreso de Estados Unidos reconoció que el gobierno mexicano está obligado a emprender reformas profundas en la infraestructura de sus operaciones de seguridad, con el propósito de institucionalizar el respeto a los derechos humanos, señalan.

Agregan que el Congreso estipuló que 15 por ciento de fondos específicos deberán entregarse hasta que el Departamento de Estado demuestre que el gobierno mexicano cumple con los cuatro requisitos para el respeto a los derechos humanos que la iniciativa le exige, entre los cuales se indica que los policías federales y los militares sean investigados y perseguidos si han cometido abusos contra la población.

Nuestras organizaciones encontraron que el reporte que el Congreso rindió en 2009, carecía de información necesaria para respaldar la afirmación de que el gobierno mexicano tuvo progresos significativos en áreas clave de los derechos humanos que justificaran el desembolso total de los fondos de la Iniciativa Mérida, señala el memorando enviado a Clinton.

En documentos enviados al Departamento de Estado, se señala que incluso en el informe sobre la situación de derechos humanos de esa dependencia, correspondiente a 2009, se habla de prácticas ilegales que ocurren en México: ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad, secuestros, abusos físicos, arrestos arbitrarios, detenciones ilegales, corrupción, ineficiencia y falta de transparencia, que han engendrado impunidad dentro del sistema judicial; así como confesiones hechas bajo tortura y múltiples reportes de desapariciones forzadas a manos de la policía y el Ejército.

En los documentos se agrega que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos verificó que médicos militares y otros integrantes del Ejército falsificaron pruebas para encubrir abusos, y que varios individuos fueron sujetos a coerción para obligarlos a firmar declaraciones falsas antes de ser presentados ante un juez.

Las organizaciones denuncian que sólo una violación a derechos humanos, perpetrada en 2007 por un militar, ha llegado a juicio, y que no se ha dado seguimiento judicial y legal a las numerosas denuncias presentadas durante el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Deploran que la participación ciudadana en el tema de seguridad pública se limite a que los mexicanos presenten quejas, y critican que no existan planes, programas o evaluaciones dentro de los estratos policiales destinados a incrementar la participación de los mexicanos, ni intenciones del gobierno de aumentar el contacto con la población.

Todo esto, indican los demandantes, contradice el requisito de la Iniciativa Mérida de crear mecanismos para el diálogo con las organizaciones civiles.