En el contexto de la Semana mundial del detenido desaparecido, organizaciones no gubernamentales exigieron al Estado mexicano que adopte medidas para garantizar la erradicación de la desaparición forzada de personas y la tipificación adecuada de ese delito, el esclarecimiento de casos y sancionar a los responsables, así como la reparación del daño a víctimas y sus familiares.

En un comunicado conjunto, las organizaciones condenan las desapariciones forzadas que el gobierno mexicano, en distintas épocas, ha cometido e incentivado contra personas con ideologías contrarias al régimen.

Sostienen que, lejos de esclarecerse y erradicarse, las desapariciones forzadas van en aumento en la coyuntura de la guerra contra la delincuencia organizada, y contra personas de marcada disidencia frente al régimen.

El Estado está obligado a reparar y garantizar los derechos humanos, investigar las desapariciones perpetradas por elementos del Ejército y otros órganos del Estado, así como a legislar adecuadamente la desaparición, poner fin a la impunidad y reparar el daño a las víctimas y sus familiares.

La Red Todos los Derechos para Todos, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros grupos, señalaron que las desapariciones “no han finalizado con el simple paso del tiempo. Si bien la época conocida como guerra sucia, caracterizada por el alto y desproporcionado nivel de violencia que empleó el Estado mexicano mediante sus fuerzas armadas y aparatos de inteligencia contra movimientos estudiantiles y armados, ha finalizado, la brutalidad no ha disminuido.

En años recientes se han perpetrado múltiples desapariciones forzadas atribuibles a diferentes órganos del Estado, sin que hasta la fecha existan investigaciones creíbles o explicaciones fehacientes, agregaron.

Esta situación y el desinterés de los órganos de procuración de justicia han provocado que las fuerzas armadas puedan seguir operando bajo el cobijo de impunidad imperante.

Destacaron que la sistemática desaparición de personas en diferentes puntos del país “exhibe el mandato y la aquiescencia del Estado para reprimir a quienes no coinciden con su gobierno.

Sin embargo, aun en casos en los que no se puede demostrar la participación directa del Estado o la existencia de un móvil político en la desaparición forzada de personas, el Estado sigue siendo responsable por la falta de investigación y por no sancionar a los responsables.