Buenos Aires, 7 de junio. En un marco de tensiones y preocupación, comenzaron esta mañana en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) las pericias para determinar si los dos niños adoptados por la directora del diario y el Grupo de Medios Clarín, Ernestina Herrera de Noble, durante la pasada dictadura (1976-1983) son hijos de desaparecidos.

Después de sortear toda clase obstáculos impuestos por los abogados de Noble para impedir el peritaje, la justicia logró imponerse para reunir datos genéticos importantes que pueden determinar en un lapso de 29 a 45 días si Felipe y Marcela, adoptados por Noble, son algunos de los 500 casos de niños robados por los militares de la pasada dictadura.

El BNDG guarda una cantidad de muestras de familiares después de un arduo trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan a sus nietos y denunciaron desde hace años el plan sistemático utilizado por la dictadura, que mantenían con vida a las mujeres embarazadas que secuestraban en operaciones de guerra sucia y después que éstas tenían a sus hijos en condiciones atroces, como los centros clandestinos de detención o los hospitales de las fuerzas armadas, se los arrancaban para entregarlos en adopción.

Más de cien niños, fueron encontrados ya jóvenes en manos de militares y policías o de amigos de éstos. Desde hace años Herrera de Noble burla las disposiciones judiciales y en este caso sus abogados han pedido la recusación de la juez Sandra Arroyo Salgado, quien quedó al frente de la causa después de que se dispusiera apartar al magistrado anterior Conrado Bergesio, quien cometió irregularidades para impedir las pruebas genéticas.

La Cámara Federal de San Martín estudia el tema de la juez, quien no aceptó la recusación de la familia Noble y demostró que tiene documentado todos los pasos que dio, para impedir que se intente forzar su alejamiento del caso, como se hizo hasta ahora.

La medida en el caso Noble se tomó en otros momentos y se recuerda en estas horas a Evelyn Vásquez -apropiada por el marino Policarpio Vázquez y su esposa Ana Ferra- que se negaba a cumplir con la ley que obliga a determinar la identidad en estos casos y en febrero de 2008 se ordenó a la Gendarmería allanar la casa para retirar efectos personales. El Banco de Datos confirmó finalmente que la joven era hija de Susana Pegoraro y Rubén Bauer. desaparecidos durante la dictadura.

La vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, recordó entonces que “durante 20 años, Evelyn dijo que no quería perjudicar su papá Policarpo Vázquez. Ahora que se sabe quiénes son sus padres, se va a dar cuenta de que no lo perjudicará, porque él mismo reconoció el delito de apropiación”.

Otros jóvenes hijos de desaparecidos que recuperaron su identidad en los últimos dos años, denunciaron los intentos del abogado de los Noble, que intenta poner en duda al BNDG, todo esto en función de seguir impidiendo la resolución de este caso. Si alguien puede impedir esto burlando la ley porque es poderoso económicamente, entonces todo lo que se ha logrado para hacer justicia se perderá señalaron.

Organizaciones sindicales como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y otras organizaciones sociales rodearon esta mañana en un abrazo simbólico el Hospital Durand, donde está el Banco de Datos Genéticos para defender la ley en un tema tan sensible como es el de los niños apropiados y repartidos como botín de guerra.

En el acto de apertura de los sobres que guardaban las prendas de los hijos de Herrera de Noble estuvieron presentes la juez Sandra Arroyo, peritos y abogados de las partes y también el periodista y abogado Pablo Llonto, denunciante en esta causa.

Los análisis de la identidad genética que se realizan en ese organismo no responden a una sola determinación y los resultados pueden ser verificados en forma independiente.

En tanto, continúa creciendo el escándalo por la forma en que Clarín, La Nación y La Razón se quedaron con Papel Prensa durante la dictadura. A las testimonios de la viuda de David Graiver, dueño original de la empresa, muerto en un extraño accidente de aviación, quien relató las terribles torturas que sufrió durante la dictadura para que entregara sus acciones, se unió la voz de Rafael Ianover, quien fue vicepresidente de esa compañía entre 1973 y 1977.

En agosto de 1976 al regresar a su casa encontró a toda su familia amenazada por un grupo armado que había revuelto toda la casa. Desde ese momento comenzó un proceso extorsivo y se llegó al extremo de hacerle firmar una venta sin fijar ningún precio alguno ni condiciones. Firmá que no te va a pasar nada, le dijeron y al poco tiempo fue detenido. Los testimonios, así como lo que en su momento denunció el ex director del diario La Opinión, Jacobo Timermman, quien estuvo bajo torturas en un centro clandestino de detención en La Plata, provincia de Buenos Aires, conforman uno de los testimonios más terribles sobre las complicidades de grupos económicos y medios con la pasada dictadura.