an Salvador Atenco es un caso emblemático en la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas y campesinos que buscan proteger la integridad de sus tierras y territorios de la expoliación capitalista. El triunfo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en agosto del 2002, al lograr anular –con organización comunitaria, movilizaciones y una dirigencia incorruptible– el decreto expropiatorio de alrededor de 5 mil hectáreas de tierras agrícolas de subsistencia y comercial de la zona de Texcoco para construir un aeropuerto, significó un duro golpe simbólico y real para el grupo dominante.

No obstante, a partir de este hecho histórico se profundizaron los deseos de venganza en contra de esos humildes trabajadores de la tierra que osaron echar a perder un pingüe negocio que beneficiaría a integrantes de esa minoritaria y selecta camarilla que posee la mayor parte de la riqueza nacional, controla los tres poderes de la República y utiliza a las fuerzas armadas y estamentos policiacos como cuerpos represivos al servicio de sus intereses.

Múltiples violaciones a los derechos humanos y a los conferidos en la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales firmados y ratificados por México, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, han sido ignorados ante el uso faccioso de la justicia y el predominio de la impunidad. Así, continúan en libertad los responsables políticos y directos de los cruentos operativos durante los días 3 y 4 de mayo de 2006 que produjeron muertos y heridos; los que cometieron abusos y violaciones sexuales sistemáticas contra las mujeres detenidas; los que torturaron y sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes a los prisioneros; los que expulsaron del país ilegalmente a extranjeros; todo ello, mientras los 12 presos políticos de Atenco, sujetos a procesos amañados, sin pruebas, con testigos aleccionados que no pueden identificar a sus victimarios, acusados de delitos equiparados que no resisten el menor análisis de jurisprudencia, se encuentran en las cárceles de alta seguridad, con sentencias inauditas impartidas por jueces venales y de consigna. El caso Atenco expone con crudeza la podredumbre del sistema judicial mexicano en todos sus ámbitos y niveles.

Es innegable que se esperó el momento propicio para ejercer toda la violencia de un Estado delincuencial contra un pueblo digno. Como sostiene el informe colaborativo de violaciones a los derechos humanos: “El caso de San Salvador Atenco evidencia el modo en que el Estado emplea la fuerza pública para hacer frente a las demandas sociales de colectivos organizados. En este caso se visibiliza cómo frente a las reivindicaciones sociales el Estado opta por utilizar la fuerza pública de manera excesiva e ilegal. No se trata, como muchos han sostenido, de una intervención tendiente a restablecer el ‘estado de derecho’; las cifras y el modus operandi sugieren la deliberada intención de propiciar la brutalidad policial para socavar la movilización social, silenciar las demandas y castigar a quienes exigen sus derechos. Además, el operativo tenía un objetivo político: desarticular y sancionar a los miembros del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, al cual se quería debilitar desde antes que ocurrieran los hechos”.

El Seminario de Acompañamiento Psicosocial valoró los efectos de la represión política contra el pueblo de Atenco, específicamente en relación con el impacto en los familiares de los 12 presos políticos.

Se define represión política como un medio que busca la ruptura del tejido social, comunitario y organizativo para controlar, a través de la fuerza y poder materiales, aquellos elementos políticos, sociales, económicos y culturales que podrían obstaculizar la implementación, consolidación o perpetuación de un sistema sociopolítico o económico.

A cuatro años de los acontecimientos represivos, el seminario concluye que el Estado ha vulnerado el sentido de la autonomía del pueblo al trastocar el referente político que constituía el sujeto cohesionador de la dinámica comunitaria, esto es, el FPDT.

Es indudable que el terror policiaco, las detenciones, la tortura sexual, los tratos degradantes, los cateos ilegales han generado confusión, incertidumbre, angustia y, sobre todo, miedo, todo lo cual vulnera la capacidad creativa del pueblo, mina la confianza en su lucha y el sentido de solidaridad en los ámbitos organizativo y comunitario. La causa por la libertad de sus presos ha cambiado la dinámica misma del FPDT, lo que ha producido también un relevo de la dirigencia y una restructuración interna para hacer frente a la nueva situación, que incluye nuevas tareas de hombres y mujeres; perdida de estabilidad y tranquilidad; graves problemas económicos; disrupción en las relaciones familiares; problemas de salud que causan la permanente tensión y la incertidumbre.

Sin embargo, la represión política no ha logrado mellar el espíritu y la decisión de resistir del pueblo de Atenco, que en estos cuatro años ha logrado crear, fortalecer o renovar mecanismos que rescatan la vida comunitaria: la mayoría de las personas no aceptan vender sus tierras, se mantienen los vínculos intracomunitarios mediante celebraciones y festividades, se conservan las asambleas, se reconstruyen la confianza y la cohesión, se buscan formas nuevas de defensa de los derechos y de solidaridad externas; la existencia misma del Comité Libertad y Justicia para Atenco así lo demuestra.

La Suprema Corte de Justicia tiene la opción de restablecer la verdad y la razón, más aun cuando otros magistrados, sobre los mismos hechos, han concluido que no se materializaron los delitos de que se acusa a los presos políticos.