La Secretaría de Marina confirmó ayer el aseguramiento de explosivos plásticos el pasado miércoles en un domicilio de la colonia Roma, en el Distrito Federal, y reiteró que el material decomisado, de muy alta explosividad, está bajo resguardo en instalaciones de la dependencia.

Fuentes navales señalaron lo anterior luego de admitir su extrañeza por la declaración de la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, de que había dejado libres a los cuatro detenidos porque no encontró elementos para actuar en su contra, al comprobar que el material decomisado no era explosivo.

Ante el contradictorio señalamiento hecho por la funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR), trascendió que intervino la Presidencia de la República y, después de escuchar las versiones de ambas dependencias, decidió que ya no se emitiera ninguna información oficial sobre el tema, para no generar más problemas.

Por la mañana, Morales Ibáñez afirmó que las sustancias químicas aseguradas por elementos de la Secretaría de Marina en el número 12 de la calle Mérida, colonia Roma, no eran explosivos, y que las cuatro personas que fueron detenidas: Santos Cleofas Velasco, Juan José Cabrera López, Cristian Bárcenas Camacho y Mathew Roberts Assanza Espinoza, quedaron en libertad al no tener elementos de prueba para retenerlos.

Sostuvo: el dictamen oficial es que las sustancias químicas como son glicerina, ácido nítrico y parafina encontradas dentro del lugar no corresponden con ningún tipo de material explosivo.

En dos ocasiones la funcionaria respondió lo mismo. Y cuando se le preguntó por los detenidos, afirmó que los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal sólo en calidad de presentados. No eran detenidos, eran gente del lugar; ya rindieron la declaración respectiva y se retiraron. Sólo aportaron información para la investigación.

La funcionaria declaró lo anterior durante una conferencia de prensa conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal en la que se dio a conocer la detención de Carlos Ramón Castro Rocha, El Cuate, quien fue identificado por autoridades de Estados Unidos como el principal traficante de heroína de México hacia aquel país.

Al conocer la noticia acerca de que no eran explosivos y la liberación de las personas arrestadas, en la Secretaría de Marina no daban crédito a la versión de la funcionaria.

Sin querer entrar en polémica, fuentes consultadas señalaron que peritos en explosivos de la Armada confirmaron que el material decomisado es un alto explosivo elaborado a partir de nitroglicerina, además de que desde el miércoles está bajo resguardo de la Secretaría de Marina.

Orden del alto mando

Reiteraron lo dicho en el comunicado de prensa que emitió la Secretaría de Marina el miércoles pasado: que inteligencia naval, con información proporcionada por agentes de seguridad de Estados Unidos, detectó el material explosivo y por eso se realizó el operativo con elementos de fuerzas especiales, de las dos hasta las ocho de la mañana, que fue la hora cuando personal de la Siedo entró al lugar y se hizo cargo de la indagatoria.

Agregaron que el operativo fue ordenado por el alto mando cuando se identificó que un grupo de la delincuencia organizada tenía en su poder un alto explosivo más detonante.

Los funcionarios consultados reiteraron que el explosivo decomisado es de fácil maleabilidad y se utiliza en trabajos de demolición, debido a la facilidad para adaptarlo a cualquier forma: puede aplicarse directamente en estructuras y cuenta con una velocidad de detonación y densidad suficientes para romper metal.

Precisamente, señalaron los informantes, por el alto riesgo que representa el explosivo las fuerzas especiales intervinieron de inmediato, sin la participación de la SIEDO.

Ésta es la segunda incursión de elementos de la Armada en operativos antricrimen en el Distrito Federal. La primera ocurrió hace nueve meses.

El 19 de septiembre del año pasado fuerzas especiales de la Armada de México intentaron catear la sede de Grupo Bal, ubicada en la calle Moliére número 222, en la exclusiva zona de Polanco.

El edficio fue rodeado por decenas de marinos fuertemente armados, quienes se quedaron esperando la orden de cateo que les permitiera ingresar a donde se encuentran sedes de empresas como Valores Mexicanos, Casa de Bolsa Peñoles e Industrias Peñoles.

Ese día, marinos encapuchados, que portaban armas largas, se distribuyeron a pie y a bordo de vehículos artillados alrededor del edificio de Grupo Bal y calles aledañas. Sin embargo, se tuvieron que retirar dos horas después, ya que nunca llegó la orden de cateo correspondiente, la cual fue tramitada ante la propia Siedo.

En esa ocasión también hubo molestia entre los marinos debido a la falta de apoyo de la dependencia que encabeza Marisela Morales.

Desaveniencias informativas

Por otra parte, cabe señalar que no es la primera vez que la Secretaría de Marina y la PGR tienen desaveniencias en cuanto al manejo de información.

A partir de los cuantiosos decomisos de cocaína y metanfetaminas en puertos del país desde 2007, principalmente en Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, cada dependencia ha dado su versión sobre un mismo hecho. Unas veces contradictoria y otras ignorando la participación de la otra parte.

La Presidencia de la República ordenó que cuando se realizaran decomisos de droga en instalaciones en las que concurrieran varios organismos –como Aduanas, Servicio de Administración Tributaria, PGR y las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y SSP federal–, se emitieran comunicados conjuntos con el logotipo de todas las dependencias.