Organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos exigieron que el presidente Felipe Calderón haga una firme defensa ante el gobierno de Barack Obama por los asesinatos del migrante Anastasio Hernández Rojas y el menor Sergio Adrián Hernández Güereca, perpetrados por agentes la Border Patrol. La exigencia de México debe ser: castigo a los responsables.

Los videos que se han difundido evidencian que agentes de la Patrulla Fronteriza cometieron una ejecución extrajudicial contra Sergio Adrián. Es claro. Y en el caso de Hernández Rojas, es una brutalidad la golpiza que le dan estando inerme.

Las organizaciones no gubernamentales pidieron que el gobierno de Calderón acuda a la justicia internacional.

México debe recurrir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a los relatores de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y al de migrantes.

Demandó que con abogados contratados en Estados Unidos se apoye a las familias de las víctimas en su reclamo de castigo para los responsables.

Amnistía Internacional (AI), Sin Fronteras, la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), Idheas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos coincidieron en que hasta hoy el gobierno ha hecho una tibia defensa de las agresiones contra los migrantes; por ello se siguen cometiendo estas atrocidades. Es momento de que se haga un fuerte y contundente reclamo de justicia y castigo para los responsables de esos crímenes.

Gloria Ramírez, presidenta de la AMDH, exigió una respuesta contundente del presidente Calderón. La posición del gobierno hasta ahora ha sido tibia, y eso propicia que haya más agresiones.

El director ejecutivo de Sin Fronteras, Emilio Chávez Herrerías, resaltó: esto no es nuevo. Este tipo de agresiones, de crímenes contra mexicanos, suele pasar en Estados Unidos. Lo que ocurrió ahora es que se grabaron, que hay testimonios de denuncia, están identificados los responsables.

Añadió: es clarísimo. Es una ejecución extrajudicial. Hay pruebas del uso excesivo de la fuerza. Por ello el gobierno debe recurrir a las instancias internacionales y exigir justicia en Estados Unidos.

Alberto Herrera, director de AI sección México, subrayó: el hecho es injustificable. Hay un abuso evidente de la fuerza. Hay normas internacionales que regulan el uso de la fuerza. La manera de repeler un ataque con piedras no puede ser a balazos. México tiene que exigir que Estados Unidos deslinde la responsabilidad y coopere en la investigación. Justicia y castigo a los responsables es lo que procede.