n el contexto de la inauguración de la Expo Guanajuato, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, señaló que los festejos por el bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución no son patrimonio de grupos, ni de parcialidades, sino de todas y todos los mexicanos, y dijo que esas celebraciones deben ser un factor de unidad nacional. Tales señalamientos coincidieron con las críticas de diversos sectores de la oposición en esa entidad por el uso de recursos oficiales en la referida exposición –los cuales, a decir de los críticos, pudieron ser utilizados en la superación de necesidades acuciantes en materia de bienestar social e infraestructura– y por la opacidad con que se han conducido las autoridades federales y estatales en el manejo del dinero público dedicado a tales festejos.

Lo anterior ocurre en el contexto generalizado de la frivolidad, la improvisación y falta de seriedad en la organización, a cargo del gobierno federal, de los actos conmemorativos por las dos más importantes efemérides republicanas en el país. Mientras en otras naciones del continente la celebración por los bicentenarios de las gestas independentistas ha servido como pretexto para la reflexión y el análisis del pasado y para la superación de agravios históricos, en México las autoridades han realizado un dispendio injustificable, insensible y poco transparente de recursos públicos en obras y espectáculos faraónicos, que contravienen la promesa del propio gobierno calderonista de tener un festejo austero, pero inolvidable.

Más preocupante aún resulta el empeño del grupo gobernante por vincular, en forma errónea y por demás improcedente, las gestas armadas de hace 100 y 200 años con la cruzada antinarco que se desarrolla actualmente en el país: el botón de muestra más reciente se presentó ayer mismo en Guanajuato, donde Calderón Hinojosa señaló que es en la amenaza a la seguridad pública donde está el mayor amago a la libertad conquistada. Adicionalmente, y por más que resulte alentador en el preámbulo de ceremonias patrias de tal envergadura, el uso recurrente en el discurso oficial de expresiones como enemigos y traidores de la patria para referirse a los infractores de la ley tergiversa la percepción pública de los fenómenos delictivos y desorienta a la población.

El correlato de esta falta de visión en las tareas organizativas de los festejos comentados es la inocultable incomodidad que produce en el grupo en el poder el conmemorar los levantamientos independentista y revolucionario de uno y dos siglos, habida cuenta de las afinidades y herencias ideológicas que lo vinculan con los bandos entonces derrotados.

Por otra parte, las arengas oficiales a celebrar la libertad, la igualdad de oportunidades, la pluralidad y los valores democráticos guardan poca o ninguna relación con las preferencias que se desprenden de la orientación ideológica y de las acciones de los gobiernos recientes, incluido el actual. Frente a un ejercicio del poder que alienta un descontento generalizado de la población; la concentración de la riqueza en unas cuantas manos; el crecimiento exponencial de la miseria; los privilegios inaceptables de la burocracia y las cúpulas corporativas; la aplicación facciosa de las leyes contra adversarios políticos y sociales, y el estrechamiento de las vías de solución pacífica e institucional a los conflictos, no es necesario acudir a determinismos históricos para concluir que, en el momento actual, el país enfrenta una situación crítica en diversos frentes, y que la institucionalidad nacional en su conjunto no parece capaz de reconocerla y atenderla. En ese sentido, el evidente extravío oficial en la organización de los festejos bicentenarios es un reflejo de otro mucho más profundo, riesgoso y preocupante.