l 30 de junio pasado, el ejército del coronel Kadafi, en Libia, tomó por asalto el centro de detención para migrantes de Misratah, localidad cercana a la capital del país africano, Trípoli. La razón: castigar a los cerca de 250 migrantes, ciudadanos de Eritrea, culpables de haberse negado a ofrecer sus datos a las autoridades locales. El rechazo a proporcionar sus nombres y apellidos no es casual ni caprichoso. Temían –y siguen temiendo– que Libia trasmitiera la información al gobierno de Asmara y que éste no sólo los boletinara por haber abandonado el país, sino que, en su caso, tomara venganza con las familias que se habían quedado.

Tal postura se desprende del testimonio de un protagonista, quien pudo comunicarse vía telefónica con la prensa: El 29 de junio funcionarios libios nos pidieron nuestros datos generales para comunicarlos a la embajada de Eritrea. Nos rehusamos, pues el régimen de Asmara se habría vengado con nuestras familias. Y más adelante: El presidente Issyas Afeworki es implacable y no tolera la disidencia. Así, los libios nos acusaron de insubordinación y rebelión. Como castigo, los migrantes fueron deportados al campo de Al Brak, en la zona fronteriza sur de Libia, en medio del desierto del Sáhara.

Quien intentó escaparse o rebelarse a la decisión de que fueran deportados, mil kilómetros más al sur, fue golpeado y torturado, según el testimonio. Los migrantes se encontraron de un día a otro en medio del desierto, incomunicados, muchos de ellos heridos, sin asistencia médica, a merced de las autoridades de Kadafi, mismas que no prestan oídos a los reclamos del Alto Comicionados de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La oficina de Naciones Unidas en Trípoli fue cerrada a principios de junio sin explicación alguna. El pretexto fue sencillo: Libia no ha firmado nunca los tratados internacionales sobre refugio.

Los migrantes de Eritrea, que a la luz de la situación bien se suman a la larga lista de potenciales refugiados, vivieron varios días desprotegidos en el sur de Libia. Estamos desesperados, expresó otra voz antes de que las autoridades le encontraran el teléfono celular que llevaba escondido. Si no obedecemos nos llevan a Eritrea, lo que para nosotros significa la muerte. Si obedecemos serán nuestras familias, pues se vengarán con ellas porque nosotros escapamos.

Conocida la noticia, en Italia se desató el clamor mediático. ¿Por qué Italia? Porque, acusaron inmediatamente los movimientos de solidaridad con los migrantes, esos potenciales refugiados son los mismos que el gobierno italiano expulsó en hace meses. Es decir, esos seres humanos son parte de los migrantes que la armada italiana detiene ilegalmente en alta mar y regresa a Libia. Tal hipótesis, rechazada por el ministro de Interiores italiano, Roberto Maroni, encontró aval en la petición formal que el comisario para los Derecho Humanos del Consejo Europeo, Thomas Hammarberg, hizo al gobierno de Roma el 2 de julio: Intervengan.

El gobierno italiano, aun evadiendo cualquier implicación en el caso, echó a andar la maquinaria diplomática para que Kadafi desistiera de su política represiva. Y tras pocos días de intensas pláticas entre las dos orillas del Mediterráneo –cercanas por la muy buena amistad entre el coronel Kadafi y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, más lejanas para los migrantes–, el 6 de julio se alcanzó el acuerdo de liberación y residencia en cambio de trabajo. En otras palabras, los refugiados de Eritrea podrán salir de su encierro y residir en Libia mientras acepten realizar “trabajo socialmente útil en distintas shabias (comunas) de Libia”. El convenio de liberación fue aceptado sólo por 140 refugiados del grupo.

El gobierno italiano nunca se echó para atrás (...) en la cuestión de los derechos humanos, se apresuró a declarar el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. Y tras responsabilizar a la Unión Europea, porque no toda la carga puede caer sobre los hombros italianos, añadió que no hay ninguna prueba de que los ciudadanos de Eritrea víctimas de esa persecución hayan sido deportados por la parte italiana. Una semana después, el periódico italiano Il Manifesto difundió un video, realizado el primero de julio de 2009 desde un barco de migrantes, en el cual se ve no sólo cómo la armada italiana rechaza a potenciales refugiados, sino sobre todo que 11 migrantes que aparecen en las imágenes son 11 personas incluidas en las listas de detenidos en Al Brak. Una casualidad.

Libertad en Libia, entonces. Pero, ¿cuál libertad? libertad de ser esclavos por tiempo indeterminado en un campo de trabajo libio sin que nadie, absolutamente nadie, se ocupe primero de investigar los abusos de estos días por las autoridades de Kadafi; segundo, que esos abusos no se repitan, y, tercero y más importante aún, que se otorgue el debido estatus de refugiado.

Ninguna libertad de circulación, ninguna garantía, ninguna protección, se encuentra en el acuerdo firmado por las autoridades de Libia tras la presión italiana. No hablemos de quienes no aceptaron el acuerdo, pues nunca conoceremos su destino. Al contrario, la suerte de quienes aceptaron el convenio quizás se pueda vislumbrar pensando al título mismo del acuerdo: libertad a cambio de trabajo, o sea, el trabajo os hace libres.