Aclaración a columna Dinero

or este conducto me permito desmentir categóricamente el comentario que sobre mi persona publicó en la columna Dinero con fecha 21 de julio de 2010, en donde al ciudadano que usted le da voz, sin ningún tipo de filtro o validación de datos de su parte, señala equivocadamente que durante año y medio cobré en la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Lo anterior es falso. Laboré en la Conafe ocho meses, para ser exactos del 1º de enero al 31 de agosto de 2008. Hace ya prácticamente dos años. Puede así actualizar ya sus datos.

En Conafe, institución en la que creo, los trabajos se obtienen por capacidad y no por influencias. Trabajé todos y cada uno de los días que estuve en ella, no fui aviadora, como irresponsable e injustamente lo señala. ¿Desde cuándo es indebido trabajar y cobrar por ello? Si usted tiene alguna prueba de un comportamiento indebido por parte de mi persona, preséntela y denuncie el hecho.

Es clara su intención de golpear políticamente a mi marido por mi conducto. Sepa usted que a él lo admiro y respeto profundamente, por ser un hombre íntegro y trabajador. Así que le suplico que no rebase límites y no se meta con mi familia.

La ausencia de veracidad sobre la información que maneja en su columna es una acción que corresponde a sus lectores juzgar. Le pido encarecidamente que publique este texto a manera de derecho de réplica en el espacio en que fue publicado el comentario original.

Silvana Ponzanelli

Carta a ayunantes del SME

Ingeniero Cayetano Cabrera Esteva, licenciado Miguel Ángel Ibarra Jiménez y demás huelguistas de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Su lucha ya trascendió y va más allá del asunto del patrón sustituto; es por la dignidad, palabra que no conocen y algo de lo que carecen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dictaron una resolución por consigna, avalando lo inconstitucional e ilegal del decreto que originó su huelga de hambre. No la tienen los diputados y senadores que se negaron a presentar la controversia contra el decreto, siendo una obligación que tienen por mandato, a pesar de habérselos pedido formalmente.

No la tiene el secretario de Gobernación, que ha realizado tácticas dilatorias para no dar una respuesta definitiva; no la tiene el titular de la Secretaría del Trabajo, que se ha dedicado a descalificar de manera burda y grotesca su lucha y a emitir opiniones públicas, en el sentido en que deben resolver el asunto las autoridades laborales; no la tiene el titular del Ejecutivo federal, ni aquellos a quienes sirve, que con su decreto ha generado decenas de miles de trabajadores electricistas desempleados, el desamparo de sus familias, los apagones que padecemos todos los días en toda la ciudad y el riesgo potencial en que ha colocado a nuestra ciudad, por su reiterada negativa a resolver el problema que él provocó.

Los recursos jurídicos han sido estériles porque los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– están en la misma línea de interés y de servir lacayunamente a los empresarios que deciden ilegalmente el destino de nuestro país.

Por ello, la huelga de hambre es el último recurso que les ha quedado para defender su dignidad, sus familias, sus empleos, y para oponerse a la arbitrariedad, el despotismo, el cinismo y la ilegalidad con la que actúan todos estos burócratas inútiles.

La dignidad está ligada con la limitaciones del poder público y hace la diferencia entre un ser humano digno, como ustedes, y la casta privilegiada que mal gobierna el país. Su acción estoica no será en vano. Hasta la victoria siempre.

Bufete Jurídico Tierra y Libertad, AC: Bárbara Zamora y Santos García