ras la liberación de una docena de presos políticos por el gobierno cubano y su posterior traslado a Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, señaló que estas excarcelaciones acelerarán el retiro del bloqueo económico y comercial que Washington mantiene contra la isla –a contrapelo de la justicia, la legalidad y la ética– desde hace más de cuatro décadas. Adicionalmente, el canciller español confió en que los 27 socios de la Unión Europea acepten modificar la llamada Posición Común, texto vigente desde 1996 que condiciona las relaciones entre Bruselas y La Habana a cambios en el régimen político de la nación caribeña.

Las declaraciones de Moratinos ocurren un día después de que el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (parlamento), Ricardo Alarcón, afirmó que podrían efectuarse más liberaciones de las 52 hasta ahora anunciadas; dijo además que los indultados podrían quedarse a vivir en la isla si lo desean, y recordó que la voluntad del gobierno es excarcelar a todas las personas sobre las que no pesen crímenes de sangre.

Cabe saludar, por principio de cuentas, la decisión del gobierno cubano de liberar a disidentes encarcelados que, hasta hace pocos unos meses, no eran reconocidos como tales, sino que eran presentados como agentes al servicio de la Oficina de Intereses de Wa shington en La Habana. La rectificación constituye, en forma paradójica, una muestra de la solidez, la fortaleza y la estabilidad políticas del régimen cubano, y resta sustancia a quienes han encontrado en la rigidez política de las autoridades cubanas un argumento omnímodo y polivalente para descalificar, en conjunto, al régimen revolucionario.

Sin embargo, la rigidez, a lo que puede verse, no es tanta: las liberaciones comentadas tienen como telón de fondo el reconocimiento, por las propias autoridades de La Habana, de la necesidad de concretar cambios estructurales en la isla. Significativamente, esta misma semana el gobierno cubano emprendió la reubicación de más de un millón de trabajadores –que equivalen a la quinta parte de la fuerza laboral de ese país– en empleos productivos, medida que ha sido percibida por distintos analistas como preámbulo a la aplicación de reformas en los terrenos económico y social.

Las excarcelaciones comentadas no deben ser vistas, pues, como hechos aislados, sino como parte de un proceso mediante el cual se confirma que la institucionalidad cubana cuenta con la capacidad necesaria para la renovación y el cambio, incluso en el contexto de las sempiternas amenazas militares y las agresiones diplomáticas y económicas que el régimen ha padecido desde sus inicios.

Finalmente, y por lo que hace al ámbito externo, las liberaciones referidas plantean la perspectiva de un cambio de enfoque en la relación de Cuba con Europa occidental, e incluso con Estados Unidos. En ese sentido, y a pesar de las resistencias expresadas por Washington y Bruselas ante estas excarcelaciones –ayer mismo la embajada de Estados Unidos en Madrid señaló que es demasiado pronto para valorar la cancelación del embargo a Cuba, y la alta representante de política exterior de la Unión Europea indicó que es prematuro aventurar un cambio de la Posición Común del conglomerado de naciones hacia la isla–, es necesario que ambos acusen recibo de lo que debe entenderse como gesto de distensión por el gobierno de la isla, y que avancen, con voluntad política y buena fe, a la finalización de la política injusta, criminal y estéril en contra de la nación caribeña y sus habitantes.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó ayer expresar un reconocimiento “a todos los ciudadanos que se han solidarizado y comprometido con los mexicanos, y en especial con los afectados por el paso del huracán Álex en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, e hizo mención particular de Roberto González Barrera, presidente de los consejos de administración de Gruma y Banorte, quien, entre otras medidas de asistencia, donó 100 millones de pesos para las tareas de reconstrucción en cada una de esas tres entidades.

La filantropía de particulares, sea en casos de desastres, como el referido, o ante carencias estructurales en los ámbitos de la salud, la educación y la alimentación, no debiera ser necesaria, porque es obligación indeclinable del Estado, garantizar derechos constitucionales en ésos y otros rubros y otorgar un apoyo integral a la población afectada por catástrofes como la que dejó a su paso el huracán Álex. De hecho, en la administración pública existe un aparato institucional y financiero encargado de realizar tales tareas.

En esta lógica, es alarmante e inaceptable que las autoridades se desentiendan de sus obligaciones –como lo han venido haciendo desde sexenios atrás en los ramos de abasto, vivienda popular, enseñanza y atención médica– o que, en situaciones de emergencia, no sean capaces, por insuficiencia, ineficacia, imprevisión o desgano, de subsanar las pérdidas sufridas por los afectados.

Sería absurdo, sin embargo, llevar este razonamiento hasta el extremo de desconocer o desdeñar los esfuerzos solidarios que realizan particulares para socorrer a las víctimas de desastres y para aliviar situaciones personales y sociales desesperadas.

Debe exigirse que el Estado retome los deberes constitucionales y reconstruya su capacidad y voluntad para atender las carencias consuetudinarias de la población. Pero, en lo inmediato, la asistencia privada es en ocasiones insustituible. Cabe congratularse de que exista, en personas como el empresario referido, la capacidad y la vocación para aportarla.