La conducta del presidente Felipe Calderón previa a las elecciones del 4 de julio fue sometida ayer a juicio por autoridades electorales paralelamente y en dos casos el mandatario recibió reveses importantes.

Para el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), los mensajes en cadena nacional que utilizó para difundir posturas sobre la seguridad pública fueron violatorios del artículo 41 constitucional; sin embargo, las restricciones legales en torno al Presidente impidió imponer sanción alguna.

Por su parte, al resolver una primera queja del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra el Ejecutivo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó emplazar a Calderón para determinar si fue responsable de la difusión de mensajes del gobierno federal promoviendo logros, cuando estaba prohibida su transmisión en al menos 12 estados en vísperas de elecciones locales.

En sesión, el magistrado Pedro Penagos definió los alcances del fallo por la imposibilidad de sancionar al Presidente debido a las excepciones del artículo 108 constitucional que no se refiere a que el mandatario no tenga responsabilidad en relación con sus actos de gobierno, a lo que se refiere es que no puede ser acusado en forma personal por la comisión de algún delito, salvo por traición a la patria o delito grave del orden común. Es una cuestión completamente diferente. Todos los actos de autoridad deben estar sometidos al estado de derecho.

Al respecto, el magistrado, Manuel González Oropeza sugirió que las responsabilidades podrían recaer en subalternos, porque el artículo 92 constitucional “indica que todas las órdenes del Presidente, al estar firmados por los secretarios de Estado a que el asunto corresponda, son responsables de los actos del mandatario. En caso de que hubiese sido una orden presidencial, pues la responsabilidad no se diluye sino que se deriva al secretario del ramo que correspondan.

Por la noche, tras un intenso debate en el IFE, por una estrecha mayoría de cinco a cuatro, los consejeros consideraron ilegal el comportamiento de Calderón cuando encadenó a la radio y televisión para hablar de seguridad, pues su mensaje fue considerado como propaganda gubernamental, prohibida en periodo electoral.

Al presentar el dictamen, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina sostuvo que en ese acto no hay espontaneidad, no se trata de medios que transmiten ejerciendo su propia libertad informativa, ni se trata de un mensaje para advertir riesgos a la población civil; es una cadena nacional, un acto de comunicación política del gobierno durante un periodo de campaña electoral, justamente cuando lo prohíbe la Constitución.

Los consejeros Marco Antonio Baños, Virgilio Andrade y Alfredo Figueroa arremetieron con dureza contra Calderón, enfatizando en la violación constitucional al difundir logros de gobierno en época de restricción legal. El tema ameritó que el propio consejero presidente Leonardo Valdés argumentara en favor del dictamen y disuadiera las críticas que hizo el PAN sobre la urgencia del mensaje por el recrudecimiento de la violencia por la que atravesaba el país, subrayando que en las audiencias, la representación presidencial nunca argumentó sobre el contenido.

Figueroa admitió la imposibilidad de sancionar a Calderón, pero eso no quiere decir que los ciudadanos, no tengan derecho a saber qué es lo que ocurrió y cuál es el grado de responsabilidad que tiene el depositario de un poder de la República. No se impone sanción al Presidente, pero queda acreditada su responsabilidad.

Baños alertó sobre los riesgos que implicaría no señalar la responsabilidad, a pesar de no poder sancionar, de cara a las elecciones de 2012. Lamentó que en algún sector de consejeros, no se le puede tocar al Presidente ni con el pétalo de un argumento. Insistió en que el mensaje presidencial era propaganda de logros de gobierno en periodo vedado para ello por las elecciones locales.

Mientras la priísta Mariana Benítez reclamaba no dejar en la impunidad la conducta de Calderón, el panista Guillermo Bustamante condenaba que se enjuiciara al mandatario, cuando era inevitable que la Presidencia hablara sobre la situación de violencia en el país.