La ayuda decretada por el presidente Felipe Calderón a los padres de las víctimas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, no repara el daño, puesto que no se ha hecho justicia, advirtieron diversas organizaciones de derechos humanos.

La reparación del daño comienza por hacer justicia y eso significa no dejar los hechos en la impunidad, advirtió el doctor Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Consideró que se debe identificar a todos los responsables del incidente y hacer que respondan. Lo primero que se exige es justicia y después viene una ayuda, la cual de ninguna manera puede ser sustitutiva de aquella.

Humberto Guerrero, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, señaló que se requiere de un “reconocimiento expreso (de la autoridad) sobre la responsabilidad de las instancias del Estado mexicano en estos hechos.

Mientras no haya un establecimiento claro de responsabilidades institucionales y personales (tanto administrativas como penales) cualquier propuesta es inviable e incompleta a la luz del derecho internacional, sentenció.

A su vez, Édgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, aseveró que la propuesta del Ejecutivo es parcial y da la espalda a las garantías individuales, pues se trata de medidas aisladas que no cumplen con los estándares mínimos de una política en la materia.

Una reparación del daño, desde la perspectiva de los derechos humanos, debe garantizar por igual el acceso a la justicia, un esquema de atención médica y sicológica, si fuera el caso, una disculpa pública y medidas con el propósito de que no se presenten situaciones similares, refirió.

Además, a decir de Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, se margina un tema de fondo, que es el referente a las serias violaciones en materia de prevención y combate a la corrupción, pues no se ha cuestionado la legalidad del sistema de subrogación de guarderías del Seguro Social.