l anuncio de la compra, por parte del grupo Tenedora K, de 95 por ciento de las acciones de Mexicana de Aviación y de sus filiales de bajo costo –Link y Click– ha abierto un nuevo compás de espera en las negociaciones entre la empresa y sus trabajadores, en que las perspectivas son poco alentadoras para estos últimos. Al anuncio de que la restructuración de la empresa se traducirá, de entrada, en la salida de 300 pilotos por renuncia –quienes recibirán una compensación diferida a 12 meses– se suma la propuesta, realizada por los nuevos accionistas a los sindicatos de sobrecargos y pilotos aviadores, de firmar una carta de intención en la que los trabajadores determinen a qué prestaciones y prerrogativas de sus contratos estarían dispuestos a renunciar para salvar a la compañía.

Así, es de suponer que la operación de salvamento de Mexicana se traduzca en un recorte de las conquistas laborales y sindicales logradas por su personal. Tal circunstancia pone en relieve un hilo de continuidad entre los antiguos propietarios de la empresa, encabezados por Gastón Azcárraga, y los nuevos inversionistas: si los primeros culparon injustamente a los trabajadores por la crisis de la aerolínea, y buscaron con ello trasladarles la responsabilidad por las malas prácticas empresariales que llevaron a Mexicana a la quiebra, los segundos insisten ahora en el argumento de que la única posibilidad de restructurar la empresa es que los empleados acepten condiciones laborales que, a decir de los afectados, resultan denigrantes, ofensivas y repugnantes.

Es claro, por lo demás, que el episodio que se comenta ocurre con el telón de fondo de una campaña, tolerada e incluso impulsada por las autoridades laborales, para aniquilar los contratos colectivos de diversos gremios –entre los que destacan mineros y electricistas– y presentar las conquistas sindicales como lastres a la competitividad, la viabilidad de las compañías y la generación de empleos.

El correlato de lo anterior es, por un lado, el refrendo de las alianzas del grupo en el poder con algunas de las expresiones más antidemocráticas del sindicalismo charro –como las cúpulas que controlan los sindicatos de maestros y petroleros– y, por el otro, el auge del sindicalismo blanco y de la contratación simulada o de protección, mecanismos que permiten a los patrones eludir responsabilidades para con sus trabajadores, y que constituyen, hoy por hoy, un factor fundamental de la precarización de las condiciones de trabajo en el país. La crítica situación que enfrenta actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social en lo financiero resulta un colofón lógico para un mercado de trabajo en el que proliferan la incertidumbre laboral, la informalidad, la subcontratación y los empleos eventuales y mal remunerados, y en el que, por consecuencia, no fluyen los recursos necesarios para el sostenimiento de los mecanismos de seguridad social a cargo del Estado.

En esta circunstancia, que refleja la aplicación de facto de buena parte de las condiciones de flexibilidad laboral que se pretenden incorporar con la reforma panista en la materia, no es extraño que los casos de gremios capaces de negociar condiciones dignas se vuelvan cada vez más aislados, y que sean presentados, con frecuencia, como grupos privilegiados. Pero es claro que, de persistir la actual tendencia de aniquilamiento de conquistas sindicales y precariedad laboral, se corre el riesgo de agotar la paciencia de los trabajadores y sus familias, y de colocar al país en la perspectiva de una irritación social generalizada y de posibles escenarios de ingobernabilidad.