A sugerencia de las fuerzas armadas, las fracciones del PAN en ambas cámaras impulsarán modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional aprobada en el Senado en abril pasado y está pendiente de dictaminar en la Cámara de Diputados.

Aunque los senadores panistas votaron junto con las demás fuerzas políticas esa reforma que legaliza la participación temporal del Ejército en el combate al narcotráfico, ahora están dispuestos a avalar que se modifique en San Lázaro.

No es que nos hayamos arrepentido de lo que aprobamos, pero hemos recibido comentarios del Ejército donde piden que revisemos con detalle temas en lo particular de esa minuta, comentó el senador Rubén Camarillo.

Ese tema se discutió en la reunión plenaria que la bancada del PAN efectuó recientemente y, aunque el senador Alejandro Zapata Perogordo comentó que son los diputados quienes dictaminarán, los integrantes de la bancada de Xicoténcatl colaborarán, ya que participaron en todo el trabajo de dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, no quedó conforme con la legislación que se aprobó en el Senado, ya que modificó por completo la iniciativa que el presidente Felipe Calderón envió al Congreso, pues se suprimieron facultades que se pretendía otorgar a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, entre ellas que pudieran retener a prisioneros o tener acceso directo a los expedientes judiciales.

Tras más de un año de negociaciones, los senadores acotaron la iniciativa de Calderón: establecieron de entrada que la participación policiaca del Ejército será temporal y sujeta a un procedimiento legal, ya que el envío de tropas a un estado o municipio sólo podrá darse a petición de autoridades civiles y sujeta a declaratoria de afectación de la seguridad nacional.

La nueva Ley de Seguridad Nacional, reglamentaria del artículo 89 constitucional, incluyó dos puntos ajenos a la propuesta de Calderón. De forma indirecta ordenó que los militares que cometan violaciones a derechos humanos de civiles deberán ser juzgados por tribunales del fuero común.

Asimismo, se prohibió expresamente el uso del Ejército para reprimir movimientos sociales, laborales o políticos.

La Ley de Seguridad Nacional se aprobó en los últimos días de abril, cerca del fin del periodo, y se quedó pendiente en San Lázaro. Desde entonces, el general Galván ha cabildeado con diputados y senadores del PAN para que se modifique.

No es que queramos desdecirnos de lo que dijimos hace año y medio, hace dos años cuando empezaba este debate, sino que hoy se están aportando nuevos elementos a considerar, señaló Camarillo.

–¿Qué puntos quieren modificar? –se le preguntó.

–Son muchos, no hay una propuesta concreta. La conclusión del grupo legislativo es que tenemos que revisar si lo que está ahorita en minutas ya integra todo lo que se ha venido comentando en los últimos meses, en las últimas semanas, en torno a seguridad nacional.

También en la reforma sobre el Código de Justicia Militar –que se aprobó junto con la Ley de Seguridad Nacional, en el Senado– que incluye endurecer las sanciones a militares que colaboren con el crimen organizado, los panistas propondrán cambios.

Hay interés del grupo parlamentario por escuchar algunos razonamientos que nos ha hecho el Ejército en torno a la reforma de justicia militar, detalló.