Chilpancingo, Gro., 26 de agosto. Alrededor de 300 integrantes de varias organizaciones sociales realizaron ayer un mitin frente al Centro de Readaptación Social (Cereso) del municipio de Ayutla de los Libres para exigir la liberación de Raúl Hernández Abundio, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional.

Los manifestantes, entre ellos el dirigente estatal perredista, Misael Medrano Baza, se dirigieron al juzgado mixto para exigir a su titular, Alfredo Sánchez Sánchez, que actúe con imparcialidad este viernes, cuando se presentará el dictamen final.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifestó que no hay razón para emitir un fallo desfavorable a Hernández Abundio, acusado de matar a un informante del Ejército Mexicano.

“Los testigos incurrieron en contradicciones y, en general, las pruebas se desvanecieron, El defensor de los derechos humanos del pueblo me’phaá lleva más de dos años preso de manera injustificada”, argumentó.

En Chilpancingo, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo dijo: Seré absolutamente respetuoso de la decisión del Poder Judicial. Mi gobierno no apelará si se determina la liberación de esa persona.

El mandatario rechazó que su postura se deba a las presiones de organismos internacionales de derechos humanos. Yo siempre atiendo a la razón. Ninguna presión tuvo que ver. Voy a seguir actuando con plena convicción, concluyó.

Hernández Abundio ha documentado y denunciado diversos abusos, como la violación que sufrieron en 2002 las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú a manos de militares, y la esterilización forzada de 14 indígenas en El Camalote.

AI lo declaró preso de conciencia el 11 de noviembre de 2008; además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han pedido su liberación.