osa de todos los días es la presunción de uno u otro funcionario del calderonato de que en materia de gasto público se han tomado las medidas necesarias para que las erogaciones sean más productivas, se canalicen donde deber ser y, al mismo tiempo, se fortalezcan las medidas de austeridad que caracterizan a la presente administración gubernamental. Ayer no fue la excepción, y el titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, aseguró que el plan de austeridad del gobierno federal ha funcionado, tanto que esta dependencia del Ejecutivo federal permanece intocada, a pesar del anuncio que sobre su inminente desaparición hiciera el propio inquilino de Los Pinos.

¿En serio funciona el plan de austeridad y, de paso, la racionalización del gasto público? Las cifras oficiales (esto es, las que divulga el propio gobierno federal) indican exactamente lo contrario, que ni racionalización y mucho menos austeridad, porque de las arcas públicas (alimentadas por los causantes cautivos, a quienes les aumentaron la carga tributaria, el ingreso petrolero y otras menudencias) salen cotidiana y puntualmente multimillonarias cantidades para atender a la insaciable burocracia dorada, como si ésta lo ameritara y sus resultados fueran de primer mundo. Para conocer hasta dónde llega la austeridad y la racionalización, sólo hay que registrar el faraónico gasto realizado por Los Pinos para el ceremonial del (autodenominado) informe de gobierno de ya saben quién y su fiesta particular en Palacio Nacional.

Entonces austeridad, lo que se llama austeridad sólo en el discurso, porque las propias cifras oficiales –sistematizadas por el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey, campus estado de México– le ponen los pelos de punta a cualquiera (menos a los beneficiarios, obvio es). De hecho, en días pasados el inquilino de Los Pinos amenazó con incrementar (aún más) los impuestos si el Congreso no le autorizaba mayor gasto público para alimentar su guerra, y en este sentido, dijo, no hay mucho que inventar.

Pues bien, para que no invente y como anotan los especialistas del CIEN, en la elaboración del presupuesto 2011 es imprescindible que se realice una profunda revisión del gasto destinado a prestaciones de los servidores públicos, ya que representa una erogación igual de multimillonaria que de improductiva, y que queda fuera de las actividades realmente productivas. Por ejemplo, por los conceptos de Remuneraciones Adicionales y Especiales, Pagos por Otras Prestaciones Sociales y Económicas, Pagos de Estímulos a Servidores Públicos y Previsiones para Servicios Personales, en 2010 se presupuestaron –para los denominados ramos– más de 175 mil millones de pesos, donde Educación Pública, Defensa Nacional y Poder Judicial son algunos de los que recibirán el monto más elevado. Hay que agregar 149 mil millones por los mismos conceptos que se destinan a Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También hay que adicionar 8 mil 700 millones de pesos que los ramos pagan por conceptos como asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios e investigaciones y otros servicios, y 6 mil 200 millones que por los mismos conceptos erogan Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE.

Así, con la citada información ni Calderón ni los legisladores tienen que inventar nada para recortar el gasto y hacer efectivo el plan de austeridad que se presume de dientes para afuera. Con ese balance cuentan con sólida base sobre la cual pueden proponer y aprobar, según sea el caso, el presupuesto de egresos de la Federación 2011, cumpliendo de paso aquello de la racionalización del gasto público, en el entendido de que ninguno de los renglones referidos afecta el ingreso salarial, las prestaciones de seguridad social ni la alimentación que algunas dependencias destinan a sus funcionarios y que en términos generales son privilegios que la mayoría de los mexicanos no perciben en el mercado laboral.

El inquilino de Los Pinos podría comenzar la austeridad y la racionalización del gasto público en su propia oficina: en 2010 consumirá más de 571 millones de pesos para tener contento a su séquito de funcionarios, por medio del pago de remuneraciones adicionales y especiales, pagos por otras prestaciones sociales y económicas, pagos de estímulos a servidores públicos, previsiones para servicios personales. Además, 87 millones en números cerrados por concepto de asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios e investigaciones y otros servicios. Por si fuera poco, engulló 180 millones adicionales para cubrir las prestaciones de su séquito sólo en el primer semestre del año. En total, 838 millones de pesos, monto equivalente al salario mínimo anual de 40 mil mexicanos.

El Poder Legislativo podría hacerle segunda en eso de la austeridad y la racionalización, ya que es el encargado de aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Lo anterior, porque para 2010 se autoaprobó 2 mil 500 millones de pesos para gastarlos en remuneraciones adicionales y especiales, pagos por otras prestaciones sociales y económicas, pagos de estímulos a servidores públicos y previsiones para servicios personales. Además, 104 millones para asesorías, consultorías, servicios informáticos, estudios e investigaciones y otros servicios. En total, 2 mil 604 millones, o lo que es lo mismo, el ingreso anual de 125 mil mexicanos de salario mínimo. Ya entrados en ahorros, el Poder Judicial aportaría, por los conceptos referidos, poco más de 21 mil millones de pesos, el salario mínimo anual de un millón de mexicanos (de los 6 millones que lo perciben).

Faltan por sumar conceptos como servicios de comunicación social y publicidad, bienes inmuebles y otros bienes muebles e inmuebles (26 mil 600 millones de pesos en 2010), prestaciones a la alta burocracia (alrededor de 200 mil millones anuales) y otras menudencias, de tal suerte que el pastel completo que por lo descrito se comerán los tres poderes de la unión a lo largo del presente año suma 701 mil millones de pesos, sin contar sueldos y salarios.

Las rebanadas del pastel

Qué bueno, pues, que funciona el plan de austeridad y que el gasto público se racionaliza. ¡Imagínense lo contrario! Y en este contexto, la mejor declaración es la de Felipe Calderón y su delfín Ernesto Cordero: no hay espacio para bajar impuestos.

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