Organizaciones civiles consideraron que el presidente Felipe Calderón no tiene nada que informar en materia de garantías individuales, porque “es creciente el número de personas asesinadas en el contexto del clima de violencia y no hay investigaciones que den certeza de cómo murieron; además de que continúan los feminicidios y no existe protección para los defensores de derechos humanos ni los periodistas”.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, señaló que “las cápsulas sobre el Informe se han centrado en la creación de empleos y la recuperación económica; se dice que hay condiciones para la inversión extranjera, es el informe desde la perspectiva económica pero desvinculada de las garantías individuales.

No se trata sólo de crear empleos, sino de respetar los derechos laborales; la iniciativa de reforma en la materia es desfavorable para los obreros; en infraestructura se nota un afán constructor sin perspectiva de derechos humanos, sin planeación y sin consultar con los beneficiarios que son perjudicados en sus bienes, aseveró.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo: Qué va a informar el Ejecutivo. Lo que tendría que hacer es aclarar el creciente número de personas asesinadas en la lucha contra el crimen organizado y por qué no se realizan investigaciones para explicar cómo murieron. Tendría que informar si después de los diálogos por la seguridad se va a cambiar la estrategia de la guerra contra la delincuencia, si no, los resultados serán infructuosos.

Fabián Sánchez, de I(dh)eas, señaló que en lugar de avances lo que vimos este año fue un deterioro en materia de derechos humanos. Hay una regresión, desvío de poder y la utilización de las instituciones para fines diferentes para los que se crearon. Ahí están los casos de las indígenas que estuvieron recluidas en Querétaro, el del activista de Guerrero y las mujeres presas en Guanajuato por abortar.

La presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria Ramírez, sostuvo que la realidad del país muestra que las violaciones a las garantías individuales continúan. Lo más reciente fue el asesinato de 72 migrantes, pero también están los de mujeres, las deudas pendientes por el caso Atenco. El balance no es positivo.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expuso que hacer un balance es complicado, pero los resultados están a la vista: en materia de migración la situación es gravísima; hay muchas deficiencias en cuanto a violencia de género; en el caso de los defensores no hay un programa y ni siquiera se reconoce su labor; no hay avances en la reforma constitucional sobre derechos humanos y es nulo el trabajo del Ejecutivo al respecto. En justicia continúa la impunidad.

Por otra parte, Gustavo Rodríguez Vega, obispo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, indicó que al presidente Calderón le tocaron tiempos muy difíciles por la violencia del crimen organizado, pero consideró que los ha enfrentado de manera decidida.

El también presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó que los resultados no son los deseables, porque es un problema más grande que México, de orden internacional, pero se han tenido logros y ese trabajo debe ser complementado con el esfuerzo de todos. No se va a resolver sólo con acciones de gobierno, sino de toda la sociedad.

Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, consideró que en la gestión federal “se han hecho muchas obras en beneficio de la comunidad –puedo dar testimonio de lo realizado en Chiapas–, pero falta mucho por hacer y ojalá que tanto dinero que se ha gastado en actos festivos (con motivo del bicentenario) se destinara a las poblaciones más marginadas”. Precisó que no todo debe venir del gobierno, porque México somos todos y todos hacemos la patria que queremos.