Guanajuato, Gto., 7 de septiembre. Soy libre porque soy inocente. Se me hizo justicia, dijo Yolanda Martínez Montoya cuando ella y otras seis mujeres que sufrieron abortos espontáneos salieron de los penales de Guanajuato y Valle de Santiago, donde purgaban sentencias superiores a 25 años, acusadas de asesinato.

Este martes entró en vigor una atenuante al delito de homicidio en razón de parentesco, que redujo de 35 a ocho años de cárcel las penas a las mujeres que den muerte a un recién nacido. Con esta reforma al Código Penal, a partir de las 17:30 horas fueron liberadas una por una las campesinas María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón, Bonifacia Andrade y Susana Dueñas Rocha.

La mayoría de las mujeres no hablaron con los reporteros que las esperaban fuera del penal de Puentecillas. Sólo quiero estar con mi familia, dijeron al abordar camionetas del gobierno del estado que las llevaron a sus hogares en los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato y San Luis de la Paz.

Se hizo justicia, tarde o temprano. No nos vamos a dar por vencidas. Falta mucho por hacer y por cambiar, pues las leyes de Guanajuato son inequitativas y discriminatorias para las mujeres, dijo Yolanda.

Entre lágrimas y sonrisas, la joven originaria de la comunidad Las Trancas, en Dolores Hidalgo, repetía que era inocente y recriminaba haber estado más de seis años en prisión por un delito que no cometió.

Agregó que no aceptó que la llevaran a su casa en camionetas del gobierno estatal panista, porque quería salir con la frente en alto del Centro de Readaptación Social (Cereso).

Las campesinas recibieron, por conducto de funcionarios, ofertas del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, entre ellas apoyo para mejorar sus viviendas, dijo Martínez Montoya.

No quiero nada. Quiero ser yo. No quiero estar ligada a ninguna persona que tenga que ver con el gobierno, porque me hicieron mucho daño. No quiero nada de ellos, afirmó la dolorense.

–¿Lo que ofreció el gobierno fue a cambio de silencio?

–Podría ser. Se deduce por lógica –replicó.

Alma Yareli Salazar, absuelta por un magistrado de una sentencia de 27 años de cárcel el 9 de junio, esperaba desde la madrugada del martes la salida de sus ex compañeras. ‘‘Yola, somos libres, somos inocentes” dijo llorando a Yolanda, a quien abrazó fuertemente cuando salió.

Con el puño en alto, Yolanda gritó: ¡Soy inocente, soy inocente!, y agradeció el apoyo del Centro Las Libres –cuyas activistas se apostaron en el penal a partir del primer minuto del martes– por encabezar la defensa pública y legal de las siete mujeres.

El 31 de agosto, el Congreso estatal aprobó la modificación al artículo 156 del Código Penal para atenuar las penas del delito de homicidio en razón de parentesco.

A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea a consecuencia de motivaciones de carácter sicosocial, se le impondrán de tres a ocho años de prisión, señala la reforma propuesta por el gobernador Juan Manuel Oliva a raíz de señalamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el caso de las siete presas.

Las jóvenes denunciaron públicamente que el Ministerio Público las obligó a incriminarse y aceptar en las averiguaciones previas que ellas escucharon que los productos lloraron para culparlas por homicidio, cuando en realidad tuvieron abortos espontáneos en los últimos meses de su embarazo.

En agosto de 2009, La Jornada publicó que en Guanajuato había mujeres que sufrieron abortos y fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco, por lo que fueron sentenciadas hasta a 35 años de cárcel, pese a que el Código Penal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión y una multa hasta de 30 días de salario mínimo.

Oliva Ramírez aún niega que su gobierno criminalice a las mujeres que abortan, pero en el libro Algunas consideraciones al suicidio y formas de violencia intrafamiliar, la Procuraduría General de Justicia del estado incluyó los testimonios de internas que tuvieron abortos y fueron sentenciadas por homicidio en agravio de sus hijos en proceso de gestación.