Organizaciones feministas se congratularon ayer por la liberación de siete mujeres presas en Guanajuato acusadas de homicidio en razón de parentesco por haber abortado. Sin embargo, recordaron que en ese estado y en otros 16 persiste la criminalización de las mujeres.

Leticia Cuevas, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, manifestó su satisfacción por la excarcelación, pero advirtió que ello no significa exculpación, pues para el gobierno de Guanajuato esas mujeres continúan siendo homicidas.

Con esta liberación se cierra una etapa pero comienza otra, porque la lucha vuelve a comenzar hasta que todas las mujeres que continúan en la cárcel sean liberadas. El gobernador (de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva) modificó la ley para reducir las penas por homicidio en razón de parentesco, para frenar la presión social, pero aún no reconoce la inocencia de las mujeres presas. Por eso la lucha sigue.

Alejandra Sepúlveda, de la organización Pan y Rosas, comentó que esta liberación es un aliciente para seguir luchando por aborto legal, gratuito y seguro en todo el país y para que a ninguna mujer se le encarcele por decidir sobre su cuerpo.

Exigen revisar leyes

María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que la excarcelación es resultado de la lucha de los movimientos feministas y pone en evidencia la impunidad y la falta de procesos adecuados en Guanajuato.

Sostuvo que el Poder Legislativo debería revisar los códigos penales locales y federal, pues la ley sigue siendo injusta con las mujeres.

El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, calificó de positiva la liberación de las acusadas y de acto de justicia indispensable.

Asimismo destacó la presión social de organizaciones civiles y dijo que el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo debe debatirse públicamente.