La Cámara de Diputados aprobó con 365 votos en favor y uno en contra, el dictamen a la minuta del Senado con una reforma constitucional para acotar los salarios de los altos funcionarios públicos, que no podrán ser mayores al que recibe mensualmente el Presidente de la República, que es de 146 mil 830 pesos.

Diputados de todos los partidos expresaron que con esto se busca frenar los sueldos inmorales de secretarios de Estado, gobernadores, alcaldes y funcionarios de los entes autónomos, aunque se mantienen intactos los altos salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los legisladores señalaron que los siguientes pasos serían regular el salario del titular del Ejecutivo y revisar las pensiones que se otorgan a los ex presidentes de la República.

La reforma a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales señala que los gobiernos federal y estatales deberán definir sus tabuladores y hacerlos públicos, punto que se agregó a la minuta del Senado, por lo que ésta se envió nuevamente a esa Cámara para que la revise.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Raymundo Cárdenas, aseguró que con esta reforma se da respuesta al reclamo social de evitar el dispendio en los salarios de la alta burocracia, y busca un efecto en las autoridades que parecen preocupadas únicamente en lograr su beneficio, y no el del pueblo.

El priísta Alfredo Ríos Camarena afirmó que esos salarios ignominiosos ofenden a una nación empobrecida. Planteó que como no se toca el sueldo de los ministros de la Corte, éstos debían reducirlo por iniciativa propia.

El secretario de la mesa directiva, José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, convocó a la Cámara a asumir su facultad definida en el Presupuesto de Egresos para suprimir las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, que ofenden y agravian a los que menos tienen.

Añadió que está pendiente esclarecer los ingresos de los embajadores de México en el exterior.

La diputada petista Mercedes Maciel Ruiz consideró inconcebible que en un país con más de 40 millones de habitantes en pobreza extrema, el gobierno destine un alto porcentaje del gasto a los salarios de funcionarios.

El perredista Mario Enrique del Toro denunció que en la Comisión de la Función Pública, Acción Nacional buscó definir que los salarios fueran irreductibles hasta en 20 por ciento en tiempos de crisis, lo cual no corresponde al sentido de la reforma.