La propuesta de reforma que analizan diputados de PRI y PAN, que de aprobarse garantizaría que el titular del Ejecutivo federal pueda utilizar ciento por ciento de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, es preocupante y excesiva, además de que refleja que las esferas políticas del país no ven otra solución a la inseguridad que el uso de la fuerza pública, advirtieron defensores de derechos humanos.

La Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) coincidieron en que no se puede legalizar una estrategia que per se ha demostrado la constante violación a garantías fundamentales.

Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, sostuvo que en caso de aprobarse la propuesta que trabajan priístas y panistas, el Legislativo convalidaría las graves violaciones a derechos humanos, como en su momento hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dictar jurisprudencia que equiparó la seguridad pública con la nacional.

Señaló que si esta iniciativa –que se inscribiría en la Ley de Seguridad Nacional– se eleva a rango constitucional, los ciudadanos estarían desprotegidos, pues no podría aplicarse ni el derecho internacional sobre garantías fundamentales para llamar a cuentas al Estado mexicano por posibles violaciones de elementos de las fuerzas armadas.

Édgar Cortez, del IMDHD, dijo que en una verdadera democracia no puede existir un poder de la Federación con autoridad ilimitada, como daría al Ejecutivo esta propuesta de reforma. Señaló que los contrapesos políticos son fundamentales para vigilar y sancionar las decisiones de los tres niveles de gobierno.

Es de llamar la atención que se presente esta iniciativa después de los Diálogos para la Seguridad Nacional convocados por el propio Felipe Calderón, donde el llamado común fue el cambio en la estrategia de combate al crimen. Usar en 100 por ciento el Ejército contra el narcotráfico es anteponer la fuerza como única estrategia.

En su lugar –destacó– podría plantearse la suspensión de garantías en ciertas regiones del país, basada en la Constitución y en la que se haga saber el tiempo y modo en que operaría, así como las garantías que se restringirían.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH, indicó que todo procedimiento de ley que pretenda establecer limitaciones a los derechos humanos en ciertos sectores del país debe ser regulado con base en el artículo 29 constitucional, que establece las situaciones, periodos y modos en que las garantías fundamentales deben ser restringidas.

El activista mencionó que es absurdo que los legisladores debatan sobre la legalización de la presencia militar en las calles, cuando ya se da de facto. El tema central a discutir es qué controles se deben plantear para limitar justamente la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.