l secretario general del Consejo de Europa, Thorbjörn Jagland, propuso ayer una conferencia de ministros de sus 47 miembros y de la Unión Europea (UE), con el fin de proponer acciones concretas para mejorar la situación social y económica de los gitanos en el viejo continente. Significativamente, ayer mismo, los presidentes de Francia, Nicolas Sarkozy, y de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, tuvieron un encontronazo en la cumbre extraordinaria de la UE celebrada en Bruselas, a raíz de las críticas formuladas por la autoridad comunitaria a las expulsiones de gitanos en Francia.

Para poner el hecho en contexto, debe recordarse que desde julio pasado el gobierno de París, argumentando motivos de seguridad y orden públicos, emprendió una política de desmantelamiento de asentamientos gitanos e intensificó la expulsión de ciudadanos rumanos y búlgaros de origen romaní. El martes pasado, la vicepresidenta y comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales de la Comisión Europea, Viviane Redding, acusó a Francia de violar la legislación europea que prohíbe la discriminación por nacionalidad, raza o religión, y relacionó las expulsiones de gitanos con las deportaciones de minorías durante la Segunda Guerra Mundial.

Aunque la funcionaria ofreció ayer mismo una disculpa por estas afirmaciones, no puede negarse que éstas revisten aspectos destacables y acertados, como la crítica a una práctica discriminatoria e injusta contra la población zíngara, que no se limita, por cierto, a las expulsiones efectuadas por el gobierno de París: desde 2008, en Italia, el gobierno de Silvio Berlusconi puso en marcha un plan de seguridad en el que se califica a los nómadas como una amenaza para la seguridad nacional, e impuso una legislación de emergencia que propició deportaciones de gitanos carentes de la ciudadanía italiana.

Ante tal circunstancia, resulta obligado recordar que los gitanos tienen presencia en Europa desde el siglo XIV y que son, en ese sentido, tan europeos como las tribus germánicas –godos, sajones, alemanes y francos, entre otros– que se asentaron en el viejo continente siglos antes y que conformaron los cimientos histórico de los actuales estados europeos. No hay, pues, motivo histórico para dispensar a los gitanos un trato distinto que el que se da a ingleses, franceses y alemanes.

Por lo que hace al señalamiento de que la condición trashumante del pueblo zíngaro es una amenaza, tal argumento resulta impresentable en la Europa contemporánea, uno de cuyos principios es, precisamente, el libre tránsito de las personas entre las naciones de ese conglomerado.

Adicionalmente, la campaña de hostigamiento y criminalización que padecen los gitanos en Francia se inscribe en una larga historia de hostilidad hacia esa minoría, que va desde la esclavitud a la masacre, pasando por la asimilación forzada y el ostracismo. El más atroz de esos episodios fue el que protagonizó la Alemania nazi: al igual que como hizo con los judíos, los eslavos y otros conglomerados, el Tercer Reich asesinó a millones de gitanos por el simple hecho de serlo. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con las víctimas de origen hebreo, los romanís no fueron objeto de reparación de daño alguna y, como queda de manifiesto con las reacciones ante lo dicho por Redding, hoy día persisten las resistencias a reconocer el genocidio en contra de la población zíngara.

Para el actual gobierno de Francia, la campaña emprendida en contra de los gitanos podrá representar una manera de granjearse simpatías del electorado, por más que con ello contravenga los valores que dan sustento ideológico a esa nación –libertad, igualdad, fraternidad– y omita el invaluable aporte que han realizado personajes de origen zíngaro a la cultura y la sociedad francesas. Corresponderá al resto de los países europeos revertir esta situación, si se quiere evitar la intensificación de fobias antigitanas en el viejo continente y el surgimiento de grupos orientados al linchamiento y la persecución de ciudadanos de origen romaní.