Políticas

La Ley Federal de Competencia Económica, que entró en vigor en diciembre de 1992, creó la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) como organismo independiente responsable de aplicar las políticas en la materia.

En 2006 el Congreso dio a la Cofeco autoridad para obligar a las empresas a permitir la revisión de sus libros contables y garantizar inmunidad a funcionarios que revelen prácticas contrarias a la ética. En 2008, otra reforma permitió a algunas dependencias gubernamentales organizar subastas en línea, en vez de licitaciones en sobre cerrado. Estos instrumentos permitieron a la comisión cambiar su enfoque del abuso del poder de mercado a la colusión.

En abril de 2010, el Congreso adoptó nuevas reformas para fortalecer la ley de competencia, las cuales elevan las penas por violaciones, de un máximo de 7 mdd conforme a las reglas anteriores, hasta 10% del ingreso del ofensor, que es la norma internacional. También tipifica las prácticas no competitivas como un delito merecedor de una pena hasta de 10 años de prisión.

Sectores

En algunos sectores de la economía mexicana, la competencia está sumamente concentrada. Las industrias de telecomunicaciones, televisión, cementera y cervecera, entre otras, son oligopolios o monopolios de facto.

En 2009 el Banco Mundial publicó un amplio estudio sobre asuntos de competencia en la economía mexicana (Sin equidad no hay crecimiento: desigualdad, intereses y competencia en México), el cual concluyó que por lo regular los grupos de interés especial se coluden para impedir cambios estructurales y así mantener sus posiciones dominantes en el mercado.

Normas y sanciones

La Ley Federal de Competencia Económica de diciembre de 1992 prohíbe prácticas monopólicas tales como fijar precios, restringir producción y distribución, dividir el mercado y participar en forma concertada en licitaciones públicas. También prohíbe a empresas que tengan poder sustancial en el mercado otras prácticas como división vertical del mercado, restricciones a las reventas, ventas sujetas a condiciones, contratos de exclusividad y boicoteos. El poder sustancial en el mercado está sujeto a investigación caso por caso, según criterios como participación de mercado y posibilidad de fijar precios de manera unilateral, barreras al acceso al mercado, existencia de competidores con poder de mercado, acceso de la empresa en cuestión y sus competidores a insumos y otras materias primas, y desempeño comercial reciente.

El presidente de la Cofeco y otros funcionarios han afirmado que se aplicará la ley a firmas que incurran en esas prácticas prohibidas, no a las que sólo tengan el potencial de ejercer monopolios.

La Cofeco anunció en febrero de 2010 que impondría una multa de 150 millones de pesos a varias compañías farmacéuticas, entre ellas Eli Lilly (EU), por coludirse en 2003-06 para fijar el precio de ciertas medicinas para venta al Instituto Mexicano del Seguro Social.

La mayor multa impuesta a la fecha por la Cofeco, en junio de 2009, fue contra Ferromex y Ferrosur. El caso se remontaba a la planeada fusión de ambas empresas, que la comisión no autorizó. Investigaciones en años anteriores revelaron que las compañías coordinaban precios, en perjuicio de transportistas rivales y de clientes que embarcaban bienes por ferrocarril. Las sanciones totales llegaron a 419 millones de pesos, todavía debajo de las normas internacionales.

Acción antimonopolios

En agosto de 2010, la Comisión de Comunicaciones del Congreso revisaba una propuesta para eliminar la restricción de 49% a la inversión extranjera en telefonía de línea fija, como parte de la reforma a la Ley de Inversión Extranjera. Se sabe que esta reforma es impulsada por la comisión antimonopolios de la Cofeco; sin embargo, Telmex se opone con fuerza.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció en marzo pasado que iniciaría procedimientos legales contra Telmex por no cumplir con requerimientos contractuales referentes a acuerdos de confiabilidad de servicio y de interconexión (por los cuales permite que otros operadores usen su ancho de banda).

Entre tanto, Telmex ha solicitado a la Comisión Federal de Telecomunicaciones permiso para obtener una concesión de servicios de televisión, acción que ha sido obstruida por organismos reguladores y otros competidores, pero que probablemente cobre impulso en la segunda mitad de 2010. El presidente de la Cofetel declaró en agosto pasado que una decisión a favor de Telmex es inevitable.

Además, en agosto el Comité de Comunicaciones del Congreso discutía reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos. Uno de los cambios más significativos sería permitir que compañías extranjeras inviertan hasta 100% en cualquier empresa de los sectores de radio y televisión por cable (el límite actual es 49%). Pero hay fuerte oposición política a tal iniciativa.

Controles de precios

Hasta agosto pasado no existían controles formales de precios. El gobierno impuso algunos controles temporales durante la recesión de 2009 y, antes de eso, en el periodo de carestía de alimentos, en 2008.

En enero de 2009 el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía y el Empleo incluyó un congelamiento de precios de gasolina que estuvo en vigor el resto de ese año. También aplicó controles de precios en junio de 2008 a 150 productos alimenticios –entre ellos aceite de cocina, frijoles, café y harina– que duraron hasta fines de ese año, pero no los continuó en 2009.

México mantiene precios sugeridos al público en medicamentos y limita los incrementos a un porcentaje de la cantidad invertida por productores en investigación y desarrollo. Estos lineamientos se basan en restricciones voluntarias de las compañías farmacéuticas.

Fuente: EIU

Traducción de texto: Jorge Anaya