Quito, 1º de octubre. La fiscalía general inició acciones legales contra quienes promovieron actos de sublevación, en consonancia con el anuncio del presidente Rafael Correa de que no habrá perdón y olvido y que se procederá a la depuración de la policía nacional, cuyo director general, Freddy Martínez, renunció a su cargo luego de considerar que un comandante irrespetado no puede quedar al frente de la entidad.

Agentes policiales volvieron este viernes a sus actividades habituales en las calles, encabezados por su nuevo jefe, el general Fausto Franco, al tiempo que la tranquilidad retornó a las principales localidades del país sudamericano y el ministro del Interior, Gustavo Jalk, confirmó que también en los cuarteles hay calma.

El ambiente político, sin embargo, se mantuvo agitado y algunos representantes de la oposición consideraron que la insubordinación policial y la retención de Correa durante 12 horas no tenían la intención de llevar al país a un golpe de Estado.

César Montúfar, diputado por Concertación Democrática, uno de los pequeños partidos que constituyen la oposición al gobernante Alianza País, afirmó que es inaceptable que la crisis producida por el amotinamiento de policías en cuarteles de todo el país dé lugar a la construcción mediática de un supuesto golpe de Estado, porque en ningún momento Correa perdió control del gobierno.

Según el legislador, la declaración de estado de excepción decretada por el mandatario alrededor de las 14 horas del jueves –con vigencia de una semana– fue posible por el control que Correa mantuvo del aparato estatal, que además facilitó el enlace en cadena nacional indefinida e ininterrumpida durante la jornada, cuyo balance oficial es de cuatro muertos y 193 heridos.

Otro miembro de la Asamblea Nacional, Leonardo Viteri, uno de los principales críticos de la ley reglamentaria sobre comunicación y medios, opinó que fueron los medios de comunicación los que estuvieron secuestrados.

La Asociación de Editores de Periódicos, que forma parte de las entidades enfrentadas con Correa por su denuncia contra el poder monopólico de la prensa y los medios audiovisuales, protestó por la decisión gubernamental de obligar a una cadena permanente de radio y televisión.

Los opositores pidieron diálogo a Correa. El ex ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, afirmó que una de las lecciones que dejó la crisis es que llegó la hora de dialogar.

A esta postura se sumó la Conferencia Episcopal al solicitar un auténtico proceso de diálogo, para que el gobierno y el Poder Legislativo, dominado por Alianza País, no impongan sus decisiones en forma unilateral.

Esta agitación política llevó al canciller Ricardo Patiño a declarar a los medios que no podemos cantar victoria totalmente; está superada la situación por ahora, pero no podemos confiarnos. El intento golpista posiblemente tenga unas raíces por ahí, que hay que buscarlas y extraerlas.

La sublevación policial –apoyada por la fuerza aérea, que en 1986 encabezó una fallida asonada contra el entonces presidente León Febres Cordero–, fue organizada para rechazar la nueva Ley Orgánica del Servicio Público que elimina bonos económicos asociados a condecoraciones policiales y ordena los salarios mínimos y máximos de los empleados del Estado, unos 470 mil (40 por ciento del total de empleados en el país).

Por último, el presidente Correa recibió esta noche el respaldo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, y de los cancilleres de varios países de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Insulza llegó a Quito antes que los diplomáticos sudamericanos y expresó un saludo a Correa de los habitantes de la región, al señalar que si bien ayer fue un día triste, también fue esperanzador, porque se evidenció una democracia fuerte que superó sus problemas.

Los cancilleres de la Unasur arribaron esta tarde desde Buenos Aires, con la misión de entregar en propia mano a Correa la decisión de los mandatarios de la organización regional, tomada en la capital argentina, de condena a los intentos de desestabilización y de respaldo a la democracia y al gobierno ecuatoriano.

Entre otros, llegaron a Ecuador los cancilleres de Argentina, Héctor Timerman; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Bolivia, David Choquehuanca; de Colombia, María Ángela Holguín, y de Paraguay, Héctor Lacognata..