La Procuraduría General de la República (PGR) presentó la solicitud de desafuero contra Julio César Godoy Toscano, a fin de que la Cámara de Diputados le retire la protección constitucional y el Ministerio Público Federal pueda proceder penalmente en su contra como presunto responsable de delincuencia organizada e ílicitos contra la salud.

En tanto, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) señaló que posee grabaciones y testigos que le imputan delitos al hoy diputado federal.

El Ministerio Público Federal informó en un comunicado que “presentó hoy ante la Cámara de Diputados la solicitud de declaración para proceder penalmente en contra del diputado federal por Michoacán, Godoy Toscano.

“Lo anterior, con el objeto que ese órgano legislativo, previo análisis jurídico, esté en condiciones de declarar el levantamiento de la inmunidad de la que goza el mencionado legislador y, en consecuencia, la autoridad competente pueda cumplimentar el mandamiento judicial, consistente en orden de aprehensión librada por el juez noveno de distrito en Jalisco.

“El 23 de septiembre del año en curso, el inculpado rindió protesta ante la mesa directiva del Congreso de la Unión, por lo que goza de dicha inmunidad procesal constitucional.

Con esta solicitud, la PGR da muestra, una vez más, de su compromiso con la sociedad en la búsqueda de una mejor procuración de justicia, asumiendo responsablemente el cumplimiento de las obligaciones que la representación social tiene a su cargo, como garante de la legalidad.

El pasado 30 de septiembre, el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, explicó en una conferencia de prensa que la detención de varios integrantes del cártel de La Familia obtuvo nuevos y mayores elementos de prueba, entre ellos, las declaraciones de dichos integrantes, lo que permitió que el juzgado noveno de distrito con sede en Jalisco librara el mandamiento judicial contra Godoy.

Chávez Chávez apuntó que la PGR “va a actuar conforme a las atribuciones que tiene. Entonces, si advierte que hay responsabilidad, que se cometió un delito y si es identificado quien puede ser el probable responsable, lo debe poner a consideración de la justicia.

Si el juez considera que hay elementos suficientes y libra una orden de aprehensión, como es el caso, es obligación de la procuraduría tratarlo de llevar a que responda ante la justicia. Para eso tendrá que utilizar instrumentos y obligaciones que la ley le da.