La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado mexicano es responsable de tortura y violación sexual contra dos indígenas Me’phaa. El tribunal notificó ayer cada una de las sentencias por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, abusadas por militares en Guerrero en 2002, en las que señaló que las autoridades mexicanas son responsables de violaciones de los derechos humanos de ambas mujeres.

La CIDH exige a los poderes de los tres niveles de gobierno reparar íntegramente los daños; garantizar la seguridad futura de ambas mujeres, sus familias y las organizaciones civiles que las apoyaron; que las investigaciones por estos abusos se trasladen a la justicia civil –actualmente se encuentran en el fuero militar–; sancionar a los responsables, y adecuar la legislación y práctica internas de los tratados internacionales ratificados por México, a fin de que lo sucedido a Fernández y Rosendo no se repita, así como modificar el Código de Justicia Militar para que los delitos de soldados contra ciudadanos sean atendidos por los tribunales civiles.

Con estos suman tres los fallos de la CIDH contra el Estado mexicano por actos cometidos por el Ejército. En noviembre de 2009 emitió una resolución por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en la década de los años 70, donde señaló a México como responsable de impunidad y demandó analizar el fuero militar. Posteriormente acusó al país por el caso del campo algodonero referente a los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) –que acompañaron a las víctimas en su búsqueda de justicia–, así como el gobierno federal, fueron notificados ayer por la CIDH de las sentencias.

Las ONG informaron que en sus fallos el tribunal reconoció como hecho incontrovertible que las dos mujeres fueron violadas y torturadas por elementos castrenses y que el Estado mexicano les negó la justicia (por ocho años la han buscado). Resaltaron que durante el litigio ante el organismo internacional, el gobierno negó la violencia sufrida y puso en entredicho la veracidad de su testimonio, ratificado ayer por la CIDH.

Las resoluciones asientan que al no procurar justicia y garantizar la impunidad de los responsables “el Estado es directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturado; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales, y a la protección judicial. También ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales.

De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado, por lo que está obligado a cumplirlas.

La CIDH mandató realizar procedimientos disciplinarios para los funcionarios negligentes que obstaculizaron el avance de las indagatorias, proveer servicios médicos adecuados las afectadas y continuar en la estandarización de un protocolo de actuación respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales.

Fijó como medidas de satisfacción la publicación de las partes pertinentes de la sentencia (en español y me’phaa), el reconocimiento de responsabilidad y una petición de perdón público de las más altas autoridades federales y estatales junto con la provisión de atención médica y sicológica a las víctimas y sus familiares. Asimismo, establece que es necesario el consentimiento expreso de las afectadas en la publicidad de algunas medidas.

La CIDH fijó plazos para el cumplimiento de los mandatos que van de tres meses a un año, y en algunos casos específicos, un periodo más largo.

Por la tarde, la Secretaría de Gobernación, en un boletín, aseveró que en atención a sus compromisos internacionales, el gobierno mexicano llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia.

Reiteró su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos; en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos.