El derecho al acceso a la salud todavía no es una realidad en México. Hace falta garantizar que, además de una póliza, los pacientes tengan la certeza de que en clínicas y hospitales recibirán la atención que necesitan, plantearon ayer diputados de PRI, PRD y PT durante la comparecencia del secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos.

El priísta José Luis Marco León Perea acusó que en las entidades federativas existe un retroceso injustificado, hasta por varios meses, en el monto del presupuesto que se envía a las secretarías estatales de salud y por lo tanto a los municipios. Dijo que el dinero de los programas sociales y de salud se controla cada vez más desde el nivel central para asegurar, quizás, un uso clientelar.

Para el perredista Heladio Gerardo Verver es urgente avanzar en la portabilidad de los servicios de salud, pero también que el sistema de prevención de enfermedades tome en cuenta los determinantes sociales, como el acceso de las personas al agua potable, drenaje y alimentación adecuada. No basta poner hospitales, subrayó.

Por el PT, participaron Laura Itzel Castillo y Mario di Constanzo. La primera resaltó las limitaciones del Seguro Popular, por la cantidad de enfermedades que atiende. Además, ha servido para minar los servicios de la seguridad social.

Castillo también se refirió al subejercicio en que ha incurrido la Secretaría de Salud (Ssa). El mismo señalamiento hizo Di Constanzo, quien también cuestionó el manejo de los recursos del fideicomiso de protección social en salud.

Al respecto, Córdova afirmó que no existe tal subejercicio. En cambio, presentó a los legisladores los requerimientos económicos que tiene la dependencia a su cargo, 5 mil 937.40 millones de pesos adicionales a lo que el Ejecutivo propuso en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011.

Por decisión de los diputados de la Comisión de Salud, la presentación de Córdova con motivo de la glosa del cuarto Informe de Gobierno, duró apenas siete minutos. El secretario expuso los temas con tal rapidez que no detalló las necesidades económicas de su dependencia.

Destaca la situación de la nueva planta del laboratorio Biológicos y Reactivos de México (Birmex), donde se producirán vacunas contra la influenza estacional a partir de 2012, con base en el convenio con el laboratorio farmacéutico Sanofi Aventis.

En un escenario mínimo, la continuación de la obra de Birmex en Cuautitlán tendría que disponer de 200 millones de pesos para el próximo año, pero el PEF 2011 le asigna apenas 80 millones. En un panorama satisfactorio debería contarse con 330 millones de pesos, aunque para la conclusión de la planta hacen falta 590 millones de pesos.

Otro caso es el del Instituto Nacional de Medicina Genómica ((Inmegen), cuya edificación se realiza desde hace varios años y todavía le faltan 174 millones para su conclusión. El PEF 2011  no le asigna nada.

La Ssa también requiere de al menos 882 millones de pesos para el programa de prevención y atención de adicciones, vigilancia epidemiológica, regulación sanitaria y atención de la salud reproductiva y la igualdad de género.

Para gastos de operación de unidades nuevas, necesita mil 838 millones de pesos, así como 333 millones para prevención y control del dengue. También 60 millones de pesos que se destinarían a un fondo de atención de urgencias epidemiológicas y desastres.

Diversos cuestionamientos

En sus intervenciones, los legisladores hicieron múltiples cuestionamientos sobre los diversos temas que dependen de la Ssa, entre otros, el desabasto de medicamentos, la todavía insuficiente infraestructura, la falta de calidad y calidez en clínicas y hospitales.

Sobre los lineamientos que aplicarán para la venta de alimentos en primarias y secundarias, Alberto Ezeta (PVEM) expresó su frustración porque la autoridad se hizo chiquita al igual que el tamaño de los pastelitos, frituritas y lechitas que  aprobó para su venta en los planteles.

Los 10 minutos que el secretario tenía para contestar resultaron insuficientes para responder a los legisladores, lo que motivó que en la segunda ronda de preguntas, el diputado Ezeta reconociera el error cometido en la Comisión de Salud al limitar el tiempo de exposición del funcionario.

Por ello, propuso que al final se le dieran 10 minutos más para que respondiera la mayor cantidad de los cuestionamientos. De cualquier manera, muchos de ellos se quedaron sin respuesta.