Diputados del PAN, PRD y PT confirmaron que presentarán una demanda de juicio político contra el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, por la entrega subrepticia a Televisa-Nextel de los títulos de concesión para explotar el espectro radioeléctrico.

El dirigente de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez (PRD), sostuvo que Molinar Horcasitas mintió a la Cámara de Diputados, el viernes durante su comparecencia, y afirmó que con su postura en favor de la empresa de Emilio Azcárraga, el funcionario muestra la absoluta actitud de vasallo que el gobierno tiene a los intereses de Televisa.

Hernández Juárez sostuvo que el gobierno de Felipe Calderón convirtió al sector de comunicaciones en moneda de cambio electoral, y su actitud cínica no parece tener límites.

Consideró que los legisladores deben seguir la propuesta del presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral Jurado (PAN), de comenzar un juicio político contra Molinar Horcasitas y demandarlo penal y civilmente. Destacó que se deben utilizar todos los recursos para detener este atropello y este abuso en contra de los bienes nacionales cometido por el secretario de Comunicaciones.

Planteó que antes de considerar si hay favoritismo del gobierno federal para Televisa, lo importante es detener este atropello y remover a Molinar Horcasitas del cargo, porque su ambición desmedida por convertirse en un aspirante a la Presidencia de la República no tiene límite, así como de los que están atrás de él, porque esto también viene desde Los Pinos.

El diputado Emilio Serrano (PRD), presidente de la comisión especial que investiga contratos de terciarización de servicios del gobierno a particulares, dijo en entrevista que el titular de la SCT causó un daño patrimonial al país con la ganga otorgada a Televisa-Nextel. Ahora no sólo yo lo señalo como delincuente: también militantes de su partido a los que sí les interesa el país, expuso.

Serrano consideró que sí procede el juicio político contra Molinar, demanda que se añadiría a las que él y el ex procurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, presentaron por la entrega irregular de guarderías subrogadas del IMSS a particulares.