Buenos Aires, 4 de octubre. Las fuertes declaraciones del gobierno chileno ante el estatus de refugiado que se concedió aquí al ex prisionero de la dictadura de Augusto Pinochet y ex guerrillero Galvarino Apablaza Guerra provocaron tensión entre ambos países en las últimas horas.

El gobierno de Sebastián Piñera demandó la extradición de Apablaza –a quien se acusa de planear el asesinato del ex senador Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura pinochetista, en 1991– como anteriormente hicieron otras administraciones chilenas, lo que nunca prosperó aquí, y citó hoy al embajador argentino en Santiago, Ginés Gonzáles García, para manifestar su protesta.

A principios de septiembre pasado la Suprema Corte de Justicia Argentina dictaminó que se debía extraditar a Apablaza, pero éste estaba bajo el reclamo de refugio de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que integran funcionarios locales y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Esta institución concedió refugio el pasado 30 de septiembre al ex dirigente chileno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que reside en Argentina desde los años 90 y tiene tres hijos aquí.

Por su parte, el canciller argentino Héctor Timerman había asegurado que la decisión de no extraditar al ex líder guerrillero no debería generar conflictos con el vecino país, y la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó el tiempo que lleva Apablaza en el país y el respeto a la decisión de la Conare.

En tanto, el abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, sostuvo que es la Conare la que tiene la palabra final. En el caso de mi defendido hemos recibido el apoyo de dirigentes y partidos políticos de prestigio, de organismos de Derechos Humanos de Chile y de otras organizaciones a nivel internacional. Es abrumador el apoyo al refugio de Apablaza.

Consideró que no era la presidenta –a la que señalan las derechas chilena y argentina en estas horas– la que debía tomar la decisión, sino la Conare, ante la cual hemos probado muy seriamente la existencia de la persecución política en contra de Apablaza, como antes lo dejaron claro otros organismos del Estado argentino, cuando ya fue procesado aquí. El fiscal general dijo entonces que no podía acusar a una persona por usar un documento falso, producto de la persecución política de las autoridades chilenas.

Esto, dijo Yanzón, fue corroborado por el cuerpo médico forense mediante un informe que en junio de 2007 concluyó que Apablaza Guerra padece un síndrome postraumático por efecto de las torturas y la persecución política sufridas. Eso es lo que se ha evaluado aquí, y eso tiene que ver con el respeto a los deberes y derechos internacionales, dijo el letrado.