Organizaciones de defensa de los derechos humanos se reunieron ayer con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, y le entregaron un informe sobre el estado del acceso a la justicia en el país.

En el documento se detalla el abuso del arraigo, de la prisión preventiva y la preminencia del fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos cometidos por elementos castrenses en contra de civiles.

El informe, entregado por las organizaciones civiles, sostiene que el sistema de justicia mexicano ha sido señalado como deficiente, tanto por organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos como por organismos internacionales, entre llas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, muchas de esas deficiencias son derivadas de la falta de voluntad política y vicios históricos que han dado como resultado una cultura de impunidad.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que el sistema de justicia está en crisis y que se necesitan reformas que respeten los derechos humanos, porque las modificaciones que se han hecho “van en contra de lo que ha propuesto la ONU. Como ejemplo de ello –dijo–, el arraigo se llevó a la Constitución, cuando el organismo internacional sugirió que esa figura fuera eliminada de la ley”.

Añadió que hay vicios y problemas, como el uso de la tortura para obtener confesiones, detenciones arbitrarias y la ausencia de los jueces en los procesos, lo que lleva a que se dicten sentencias injustas. Hay 97 por ciento de impunidad, aseveró.

Cortez recordó que hace casi una década visitó al país el relator para la independencia de jueces y abogados, en ese entonces Dato Param Kumarazwami, y en ese entonces destacó que la impunidad era de 98 por ciento, y tocó muchos temas que no le gustaron a los ministros y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en lugar de atender sus recomendaciones se dedicaron a refutar en un libro uno por uno los argumentos del relator.

Ante ello, abundó, “a casi una década de esa visita, la relatora va a encontrar avances como el inicio de una reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma judicial para adolescentes, el marco normativo para la protección de las mujeres y la garantía a una vida libre de violencia, así como reformas a los sistemas penales.

Pero también encontrará casos como el de las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo, que tuvieron que esperar ocho años para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado mexicano por no haber investigado su denuncia. Además, encontrará acciones regresivas, muchas deficiencias y un agravamiento en la situación de las garantías individuales debido a la guerra contra el crimen organizado que genera más violencia, indicó Cortez.